Hasta funcionarios de confianza recibieron beneficios.
Foto: Yvan Salcedo
Un perjuicio económico de S/ 237 mil 257 ocasionaron tres funcionarios del Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco (SERMAMET). Según informe de la Contraloría, se autorizaron pagos de bonificaciones que no contaban con sustento legal ni presupuestal, tras la aprobación irregular de un convenio colectivo.
Aunque SERMAMET y el sindicato de trabajadores suscribieron el acta final y aprobación de acuerdos de la negociación colectiva 2024-2025, la comisión negociadora de la entidad aprobó los acuerdos sin contar con el informe de viabilidad presupuestal de la Oficina de Presupuesto. Así desembolsaron miles de soles injustificados.
El mayor monto correspondió a bonificaciones por encargatura, responsabilidad o funciones adicionales, que sumaron S/ 152 mil. A ello se agregaron S/ 60 mil 300 por contacto con agua, S/ 17 mil 616 por escolaridad y S/ 6 mil 916 por bonificación vacacional. La auditoría determinó que los beneficios fueron incorporados a las planillas sin cumplir los requisitos legales y presupuestales.
Por si fuera poco, las bonificaciones se extendieron a funcionarios y personal de dirección y confianza. Se dispuso que los beneficios alcanzaran a todos los trabajadores sin excepción, criterio que permitió incluir a personal que no debía estar comprendido en esos acuerdos. Entre los casos identificados figura el del gerente general de SERMAMET, Franz Anderson Pare Pacsi, quien recibió S/ 13 mil 500 por bonificación de encargatura y otros S/ 2 mil 195 por escolaridad.
Tampoco se encontraron expedientes completos, actas de las sesiones ni cronogramas que permitieran acreditar el desarrollo de las negociaciones. La comisión negociadora empleadora estuvo integrada por Jorge Chipana Farje, de Asesoría Jurídica; Daniel Medina Núñez, de Recursos Humanos; y Luis Alfredo Zegarra Feliciano, de Presupuesto, además de Pare Pacsi.
La Contraloría instruyó a la Procuraduría Pública a emprender las acciones legales civiles necesarias para procurar la recuperación del dinero desembolsado irregularmente.
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