Personal de la Contraloría verificará en que se gastaron los recursos para estas elecciones.
La jornada electoral de este domingo 4 de octubre tendrá la mirada de los electores, personeros y organismos electorales, pero la Contraloría General de la República (CGR) también vigilará los centros de votación. Su labor es hacer seguimiento al dinero público utilizado para hacer posible las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
En Arequipa, 80 auditores participarán en este operativo que tiene como principal referencia la llamada “ruta del gasto electoral”. En términos simples, el órgano de control buscará comprobar qué se contrató, cuánto se pagó, qué se recibió y si aquello que fue adquirido o contratado realmente cumple con las condiciones previstas. Es decir, la vigilancia se concentrará en la utilización de fondos públicos administrados principalmente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La intervención alcanza una supervisión extrema. Y es que las comisiones de la unidad contralora supervisarán 702 locales de votación distribuidos en 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), comprendiendo 42 distritos de Lima Metropolitana, además de 150 provincias de 23 departamentos y el Callao.
En el caso de Arequipa, los auditores tendrán la tarea de revisar las condiciones logísticas vinculadas al proceso. Esto incluye, entre otros aspectos, verificar que los servicios y bienes contratados para el funcionamiento de los locales electorales correspondan a lo previsto y que los recursos asignados estén siendo utilizados para el propósito establecido.
Además, revisarán aspectos relacionados con el despliegue y repliegue del material electoral, transporte, contratación de personal y otros servicios necesarios para poner en funcionamiento la maquinaria electoral. El objetivo es detectar tempranamente cualquier situación que pueda generar un perjuicio al Estado e interrumpir el proceso, como ocurrió durante las elecciones generales que no se aperturaron los locales de votación por malas contrataciones.
Hay que recalcar que la ONPE movilizó alrededor de S/ 302 millones, destinados a la producción y ensamblaje del material electoral, su traslado de ida y vuelta, además de la contratación de personal. Esta función encaja dentro de sus competencias, que tiene constitucionalmente a su cargo supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público y los actos de las entidades sometidas al Sistema Nacional de Control.
Además de la Contraloría, policías y fiscales serán desplegados en la región, como parte del operativo de seguridad y prevención dispuesto para la jornada electoral. La Policía Nacional del Perú (PNP) destinará 2 mil 432 efectivos a los locales de votación, mientras que otros agentes participarán en el traslado y repliegue del material electoral, así como en labores de tránsito, seguridad bancaria y atención de posibles emergencias.
El Ministerio Público también desplegará un contingente de 250 fiscales, conformado por 204 fiscales de prevención del delito, 30 fiscales para delitos comunes y 16 fiscales especializados en delitos electorales. Además, 24 fiscales tendrán presencia especial en cinco jurisdicciones consideradas de riesgo: Quequeña, Mollebaya, Yarabamba, Secocha y Bella Unión, donde existe posibilidad de conflictos.
También participarán las Fuerzas Armadas, responsables de brindar seguridad exterior y apoyo en los locales de votación; además de los organismos electorales, como ONPE y JNE, que movilizarán a su personal para garantizar la instalación y funcionamiento de las mesas, la distribución y custodia del material electoral, así como la atención de incidencias y fiscalización correspondiente. A este despliegue se suman las autoridades locales y los servicios de emergencia que estarán atentos ante cualquier eventualidad.
La jornada movilizará a las instituciones del Estado en una región donde están habilitados 1 millón 234 mil 587 electores, distribuidos en 497 locales y 4 mil 195 mesas de votación. El despliegue busca garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como el normal desarrollo del proceso, a través del cual se elegirá a las autoridades para los próximos años.
La Policía y el Ministerio Público también estarán desplegados para vigilar las elecciones.
La labor de la Contraloría se enfocará principalmente en verificar el presupuesto.
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