Denuncias de los padres desataron el debate de lo que podría ser o es políticamente correcto.
Una de las últimas denuncias registradas ante la UGEL Sur Arequipa, levantó las alarmas sobre las formas de “castigo” que puede tener un estudiante. Padres del colegio La Campiña, ubicado en Socabaya, denunciaron que sus menores hijos tuvieron que hacer ranas y planchas bajo el sol, por llegar tarde a clases. Lo que tiempos atrás habría pasado desapercibido como una anécdota de colegio planteó una pregunta que incomoda el sistema educativo actual: ¿hasta dónde puede llegar un profesor para imponer orden sin terminar con una denuncia?
Hamer Villena, secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) Arequipa, planteó la situación sin rodeos. «El año pasado se registraron 177 denuncias contra profesores y muchas terminaron siendo venganzas de padres o alumnos», afirmó.
Para el dirigente del gremio, la normativa actual ha despojado al maestro de su rol disciplinario y lo ha dejado a su suerte. Villena recordó el caso de una profesora de Chivay que fue denunciada por pedir cuentas a la APAFA de su colegio. Sin embargo, tras la investigación, el proceso terminó en nada, no se demostró lo denunciado por los padres, aunque la denuncia ya estaba presentada.
La percepción desde los padres de familia es distinta. Rogelio Postigo, coordinador regional de las APAFA de Arequipa, reconoció que él mismo recibió ese tipo de castigos en su época escolar. «Uno llega tarde, hay que dar vuelta a la cancha o levantar papeles», señaló. En ese sentido, advirtió que el problema actual no está en la sanción, sino en la falta de diálogo. La falta de asistencia de padres a las reuniones propicia que no se enteren de los acuerdos y cuando un profesor exagera dichos tratos, todo sale a la luz, afirmó Postigo. Para Postigo, la comunicación es clave en el ámbito escolar y puede evitar que se llegue a denuncias innecesarias.
Desde el ámbito legal, Arturo Salas Vildoso, presidente de Solidaria Perú, traza una línea divisoria clara. «Hacer ranas o planchas no es maltrato físico si el objetivo es corregir», sostuvo. Para el abogado, lo que sí configura algún acto denunciable es cuando la intención del docente cambia. “Si el profesor intenta humillar o agredir verbalmente al estudiante, si afecta la salud psicológica del menor”. Salas admitió que el sistema actual sobreprotege al estudiante, pero también reconoce que hay denuncias falsas motivadas por venganzas personales.
El psicólogo social Adalberto Ascuña lleva el análisis a un terreno más profundo. Para él, el castigo físico sin reflexión es un acto vacío. «La responsabilidad y la puntualidad no se forjan con ranas, se forjan con autoconciencia», explicó. Además, Ascuña identificó un fenómeno social más amplio. La inseguridad ciudadana ha llevado a los padres a sobreproteger a sus hijos, impidiéndoles socializar libremente. Dicha sobreprotección se trasladó al colegio y al docente, quien, por miedo a posibles denuncias, termina solo instruyendo, dejando de educar.
Si partimos desde la norma técnica, el gerente regional de Educación, Marco Choque, remarcó que lo ocurrido en Socabaya no está permitido. La Resolución Ministerial N° 383-2025-MINEDU, en específico el protocolo 5 de la normativa, prohíbe expresamente ejercicios forzados. El representante del sector, explicó que lo que antes se llamaba castigo o sanción ahora tiene el nombre de acciones reparadoras. “Si un alumno llega tarde, la acción reparadora tendría que ser una reunión con el padre y el estudiante para identificar la causa y firmar un compromiso”.
Choque también invalidó diversos argumentos, como el supuesto pacto entre padres y docentes. Muchos progenitores otorgarían la potestad de “pagarle” al alumno, acción que tampoco es válida. Además, insistió que la actividad física solo es permitida en la sesión de Educación Física y que el posible “consentimiento” de los padres no puede estar por encima de la norma. Marco Choque remarcó que el problema de fondo es la permisividad del hogar, los padres al dejar que sus hijos pongan condiciones, repiten ese comportamiento en el colegio.
Los especialistas coincidieron en un punto: el diálogo. Para los especialistas, la educación adquirida desde casa es de vital importancia y, sumado a ello, una buena comunicación de todas las partes que ayuden en el proceso de aprendizaje permiten un mejor ambiente. Según lo señalado, la autoridad no se podría imponer, se tiene que construir.
Aunque uno de los factores, también converge en el cambio de generación. Rogelio Postigo, representante de los padres, lo describió con una simple imagen. «Antes, el profesor te miraba y tú ya sabías que habías hecho algo mal. Ahora los alumnos confunden la confianza con falta de respeto». Desde el lado magisterial, Villena agregó que los jóvenes de hoy replican en el aula lo que viven en casa. «Si en el hogar no hacen caso, ¿cómo vamos a esperar que respeten al profesor?». Mientras que el aspecto social de Ascuña completa el cuadro. «Los padres trabajan más de diez horas y llegan sin energía para educar, entonces delegan todo al colegio».
Es decir, la responsabilidad que se tiene es compartida. El gerente regional de Educación lo afirma: «La formación de valores comienza en casa, no todo se le puede delegar a la escuela». Esa idea de traer de casa los valores fue compartida por todos, el compromiso es de ambas partes, tanto de la institución como de los padres. Sin embargo, algunas situaciones escapan de la norma, en ese aspecto, Villena recordó que se debería permitir que el profesor tenga de vuelta su rol protagónico.
Lo ocurrido en Socabaya se presenta como un problema callado por algunos maestros. Aquí se pone al descubierto, un sistema que aún no define cómo se construye la autoridad en el siglo XXI. Mientras la norma prohíbe los castigos físicos, los docentes sienten que han perdido el respaldo para imponer disciplina. Mientras los padres exigen orden, muchos no están dispuestos a asumir su parte del compromiso. En conjunto la mala disposición solo deja un afectado: el propio estudiante.
Para los especialistas la solución no está en volver al pasado ni en dejar el aula sin autoridad. Se encuentra en nuevas reglas, basadas en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto mutuo. Las acciones reparadoras que propone el Ministerio de Educación son un camino, pero requieren que todos los actores asuman su rol. De esa forma tal vez los salones comienzan a ser lo que deben ser, un espacio de formación integral y no solo de conocimientos.
El representante de las APAFA de Arequipa, Rogelio Postigo, reconoció que las normas legales protegen al estudiante.
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