octubre 7, 2026
AUTODEMA (1)

La Contraloría advirtió que se debió convocar a un proceso de licitación.

La Contraloría detectó que el acuerdo con Agroinversiones Jorampa, presentado como validación tecnológica, tiene características de un arrendamiento. No hubo convocatoria pública ni criterios previos de evaluación y la selección fue realizada por un solo funcionario.

El Proyecto Especial Majes Siguas (PEIMS)—Autodema entregó irregularmente 56,5 hectáreas del Centro de Reconversión Agroganadera (CRA) a la empresa Agroinversiones Jorampa SAC. El acuerdo fue formalizado mediante el Convenio N.° 002-2025-PEMS-GE, suscrito el 7 de julio de 2025 y presentado como un mecanismo de “validación tecnológica para la investigación”. Sin embargo, para la Contraloría, detrás de esa denominación existirían características propias de un arrendamiento o cesión onerosa de un predio estatal.

El convenio establece que la firma pagará a Autodema S/ 649 mil 750 anuales, incluido el IGV, por el uso del terreno. A ello se suman los pagos por agua de riego, arbitrios municipales y otros gastos derivados de la utilización del predio. No obstante, el ente de control advirtió que la operación debía ser tratada como una cesión onerosa y, por tanto, someterse a una convocatoria pública.

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Otro problema identificado está relacionado con el sustento técnico de la operación. Los lineamientos de Autodema exigen que las áreas interesadas expliquen qué actividades se realizarán, cuáles serán los beneficios, cómo se relacionan con los objetivos institucionales y cuál es el costo-beneficio.

Sin embargo, la unidad contralora no encontró un informe que detallara los cultivos que serían investigados, las variedades, la metodología o los parámetros para medir la supuesta validación tecnológica. Los informes de Autodema solo señalaban que existían 16,5 hectáreas sin cultivar debido a la falta de presupuesto y planteaban aprovecharlas mediante un convenio.

DATO

Inicialmente, el acuerdo tenía una duración de 24 meses, contemplaba penalidades y una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, el documento suscrito estableció una vigencia de tres años y no incorporó penalidades.

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