Dos audios atribuidos a un colaborador eficaz podrían abrir una nueva controversia en el proceso judicial por la matanza que dejó 14 fallecidos en 2022. El contenido de las grabaciones sugiere presuntas coordinaciones e intervenciones irregulares previas a una audiencia clave. Especialistas consultados coinciden en que corresponde una investigación para verificar la autenticidad del material y los hechos descritos. De ser cierto, estaríamos ante un grave delito contra la administración de justicia.
Audios podrían significar un revés en el juicio sobre la matanza que dejó 14 muertos tras un enfrentamiento entre mineros informales en el distrito de Atico (Caravelí) en 2022. Este medio recibió dos grabaciones que corresponderían a uno de los colaboradores eficaces del caso, quién advierte una presunta intervención de los jueces encargados del juzgamiento del caso, dos meses antes de su declaración oficial en audiencia del 16 de marzo de este año. Especialistas consultados por este medio advierten posibles faltas por parte de los jueces y fiscales a cargo del caso, pero también señalan que el material debe ser investigado, tanto por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) y la Oficina Desconcentra de Control Interno del Ministerio Público en Arequipa, con un fiscal superior.
Vale señalar que este medio cotejó los audios con otro material que corresponde a la audiencia del 16 de marzo, donde el colaborador eficaz, identificado como FTCA-02-2022-IE, respondió preguntas de los jueces y abogados de todas las partes involucradas en el complejo juicio. Y se trataría de la misma voz.

En el primer audio, sin fecha precisa, se puede escuchar al colaborador contar a otra persona cómo es que en una reunión previa la jueza —se presume Soledad Coaguila— habría “amenazado” al colaborador con revocar su resolución de Colaboración Eficaz si es que cambiara por alguna razón su testimonio.
“La cosa es que (el abogado) dijo: nosotros doctora no vamos a agregar cosas que usted dice. Mi patrocinado solamente va a responder… (…) O sea, usted ya preguntó, pero no vamos a responder con las respuestas que usted nos quiere decir. Y de ahí la jueza, un momentito dijo: usted ha quedado con nosotros. Ya fue conmigo, ya no con el abogado. Usted, yo le he preguntado el día que le dimos su libertad. ¿Usted me respondió? Sí doctora le dije. Perdón que le interrumpa, sí voy a responder le digo. Yo voy a decir con mi verdad, mi agravio. Si ese día usted cambia su versión y pide, mira lo que me dijo, me ha amenazado, me dijo: Si Fiscalía pide su revocatoria, yo le voy a aprobar automáticamente”, se desprende el audio.
Mientras que en el siguiente se escucha presuntamente al abogado del colaborador eficaz hablando con su patrocinado dándole indicaciones para una reunión en la Fiscalía el 22 y 23 de enero de este año. Además, esa visita del colaborador no sería registrada y allí “ensayarían” las preguntas de la fiscal y los jueces.
“El día 22 y 23 de enero, voy a revisar mañana, quiero ver de qué hora a que hora. Si yo no pudiese ir, tú el 22 de enero vas a ir directo a la Fiscalía. Exacto, es para ensayar esos dos días. Para practicar. No vas a ingresar registrándote, ella se va encargar de que subas sin que te registres. Hay que ensayar todas las preguntas que se van a formular ella y los jueces, te van a formular preguntas”, se escucha al abogado hablar.
Se debe investigar

Al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, indicó a Evidencia.pe que lo primero que se debe hacer es verificar la autenticidad del audio. Esto, indicó, debe hacerlo la Fiscalía a través de una investigación. En tal caso, este medio deja constancia de su predisposición para entregar el audio y que sea analizado.
Ya con esto, Sumari agrega que correspondería verificar si los hechos, que narra el colaborador eficaz y lo que se escucha en el segundo audio, son auténticos o reales. “Se debe buscar evidencias o pruebas que lo acrediten, sino quedaría en un decir (del colaborador eficaz) no corroborado”, añadió Sumari.
Delitos contra la administración de justicia

Por su parte, el exjuez y exdecano del Colegio de Abogados, José Arce Villafuerte, también advirtió que se trata de un caso que debe ser investigado. En principio dijo que los abogados interesados deberían realizar la denuncias respectivas ante la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) y ante el Ministerio Público. En este último caso, tratándose de jueces y fiscales, tendría que ser un fiscal superior el que debería realizar las diligencias.
De igual forma, con el análisis de los audios, citar al abogado del colaborador eficaz y a los jueces y fiscales involucrados. “Porque el audio es una conversación entre dos personas, no hay la participación de ningún juez ni fiscal. Los participantes deben decir qué pasó finalmente, cómo concluyó el tema. Porque lo que se está conversando es bien delicado”, añadió.
Pero, en el caso de que sea cierto, Arce Villafuerte manifestó que: “No es normal (que jueces que reúnan con colaboradores eficaces antes de audiencias o para practicar respuestas). Estaríamos ante un acto ilegal, un delito contra la administración de justicia”. El exdecano indicó que es inaceptable que un juez se reúna para dirigir pruebas de cargo; en este caso el testimonio de un colaborador eficaz. “Es delicado y muy peligroso. Nunca debería suceder. Si el audio es certero es terrible”, añadió.
El letrado indicó que el juez debe ser imparcial, es una garantía para las dos partes y valora las pruebas con criterio de conciencia y objetividad. “Y si hace todo lo contrario estaría cometiendo prevaricato flagrante terrible”, finalizó.
DATO
Este medio consultó con el área de Imagen de la Corte de Justicia de Arequipa para pedir una versión de la jueza Soledad Coaguila, pero indicaron que los jueces tienen prohibido declarar sobre un proceso judicial en trámite.
DATO
De igual forma, nos comunicamos con la fiscal María Alejandra Cárdenas, quién tiene el caso en estos momentos, e indicó que el caso lo tomó desde marzo. Vale advertir que los hechos habrían sucedido en enero, cuando el caso estaba en manos de la fiscal Maria Cabana, a quién también buscamos a través de canales oficiales, pero tampoco hubo una respuesta.








