Javier Ponce y sus funcionarios deben pagar 5 mil soles de caución.
No prosperó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra siete investigados, entre ellos el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, por los presuntos delitos de corrupción y organización criminal. El escandaloso caso denominado “Los Mandachitos de la Corrupción”, en esta parte del proceso, también incluye a seis funcionarios de la municipalidad provincial.
Según la tesis fiscal, la red criminal operaba dentro de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno y se dedicada a cobrar coimas a chóferes para anular papeletas, evitar suspensiones de licencias, así como liberar vehículos internados en el depósito municipal.
Luego de varios días de audiencia, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, María Candelaria Morales Segura, decidió declarar infundado el requerimiento. De acuerdo a la magistrada, el Ministerio Público, en principio, no pudo vincular con cierto grado de certeza la participación de Ponce Roque.
A decir de la magistrada, la Fiscalía ha presentado elementos y hechos comunes para los involucrados y, en pocas palabras, no pudo determinar el reparto de roles sobre cada uno de los involucrados, un requisito indispensable para el delito de organización criminal. Además, de que se tiene que comprobar la creación de una estructura compleja para delinquir.
Ante esta situación, dispuso la comparencia con restricciones para todos: Danny Guerra Bueno, Fredy Gallegos F., Jean Quispe P., Eva Mamani Ch., Alan Murillo L., Jonathan Guerra M. y el alcalde Javier Ponce.
Los investigados no podrán variar de domicilio, ni salir de la región Puno sin autorización judicial, someterse mensualmente al control biométrico, no cometer otros delitos, abstenerse de comunicarse con los testigos y peritos vinculados a la investigación.
Cifra
S/ 5 mil deberá pagar cada uno de los involucrados como caución por disposición judicial.
