Werner Salcedo cuestiona a parlamentarios que no están de acuerdo con la firma de la adenda.
Un día antes de que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, acuda al Congreso para explicar los alcances de la novena adenda de Cálidda, se concretaría la firma del cuestionado acuerdo, según anunció el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez.
La autoridad regional aseguró que los siete gobernadores de las regiones beneficiarias del proyecto de masificación del gas natural acordaron acompañar al ministro este lunes 23 de noviembre. Además, cuestionó a los parlamentarios que rechazan la modificación contractual.
“Yo les preguntaría a nuestros diputados y senadores que se oponen que me digan también cuál es la solución. No solo que me digan que no va, que no se hace. Que me lo digan en presupuestos, modalidad, en tiempos”, manifestó.
Pese a respaldar la iniciativa, Salcedo sostuvo que la firma de la adenda no significa otorgar carta blanca a Cálidda, por lo que exigió establecer metas de cobertura, plazos de ejecución y sanciones en caso de incumplimiento.
Entre las demandas del gobernador figura la incorporación de las capitales de Calca y del distrito de Santa Ana, en La Convención, así como la ampliación del servicio a las 13 provincias de Cusco y los distritos de Pichari y Kimbiri mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Asimismo, planteó que las familias cusqueñas paguen S/ 25 por el suministro de gas domiciliario, frente a los S/ 65 o S/ 70 que, según indicó, actualmente desembolsan por un balón de gas.
Salcedo también defendió que la masificación del gas domiciliario avance paralelamente a la ejecución del gasoducto del sur, al considerar que condicionar un proyecto a la culminación del otro prolongaría la espera de las familias.
Mientras Salcedo anuncia una fecha para la firma de la adenda, en Puno, las organizaciones sociales convocaron a una asamblea regional para este sábado 21 de noviembre, en la que evaluarán nuevas medidas de protesta, entre ellas un paro macroregional.
Incluso, representantes del Comité Colegiado de Organizaciones Sociales de las 13 provincias de Puno declararon persona no grata al gobernador Richard Hancco Soncco por respaldar el acuerdo.
A ello se suma la jornada nacional de movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el próximo 3 de diciembre, en rechazo a la adenda y en defensa de la conclusión del gasoducto del sur.
Los gremios cuestionan que la propuesta contemple el traslado de gas natural mediante camiones cisterna y plantas de regasificación, en lugar de priorizar una infraestructura que permita también el desarrollo industrial de las regiones.
La propuesta contempla ampliar por diez años, hasta 2043, la concesión de Cálidda en Lima y Callao, a cambio de inversiones superiores a US$ 550 millones para extender el servicio a 15 localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.
No obstante, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió sobre el riesgo de que los usuarios terminen pagando nuevamente por infraestructura cuyo costo debería recuperarse al finalizar el contrato vigente en 2033.
Precisamente, para esclarecer los alcances técnicos y económicos de la propuesta, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados convocó al ministro Guillermo Shinno para el martes 24 de noviembre, un día después de la fecha anunciada por Salcedo para la firma del acuerdo.
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