Zona en disputa comprende miles de hectáreas con potencial minero.
El conflicto por la tierra vuelve a encenderse en la provincia de Carabaya, en Puno. En el distrito de Ayapata, familias de la comunidad campesina de Esquilaya denuncian haber sido desalojadas de terrenos que consideran suyos, tras la aparición de un presunto derecho de propiedad reclamado por un exalcalde.
Se trata de Lino Cáceres Cancapa, exburgomaestre del distrito de Crucero, quien asegura tener la titularidad de unas 3 000 hectáreas de terreno estatal, donde proyectaría desarrollar actividades mineras.
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2018, cuando la Dirección Regional Agraria de Puno, bajo la gestión de Rudy Niño De Guzmán, emitió resoluciones que reconocían derechos a favor de la exautoridad, pese a que la zona forma parte de un área mayor de 200 mil hectáreas pertenecientes al Estado.
Los comuneros iniciaron un proceso judicial que concluyó con la nulidad de tales resoluciones. Sin embargo, a pesar de este fallo, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico hasta ahora no emite un pronunciamiento que permita aclarar la situación legal de los terrenos en disputa.
El presidente de la comunidad, Efraín Tejada Mayta, sostiene que Esquilaya fue reconocida oficialmente en 2017, un año antes de que se otorgaran los documentos a favor de Cáceres. A pesar de ello, asegura que en 2025 varias familias fueron desalojadas de unas 550 hectáreas.
Según la dirigencia, mientras la comunidad pierde terreno, el exalcalde habría avanzado en la concesión que reclama, lo que ha generado preocupación entre los pobladores por la posible expansión de actividades mineras.
La falta de una decisión clara por parte del Gobierno Regional de Puno mantiene el conflicto abierto. Los dirigentes advierten que esta situación podría derivar en enfrentamientos.
Dato
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