En la UF, el proceso inicia con las diligencias realizadas por la Policía.
Justicia que tarda no es justicia, reza un viejo adagio y, sin lugar a dudas, los peruanos han padecido esta frase en carne propia. Para corregir este problema, entre expedientes acumulados y procesos que se prolongan por años, el 13 de mayo del 2024, en la ciudad de Arequipa inició funciones la Unidad de Flagrancia Delictiva (UF), un sistema diseñado para acelerar la resolución de los ilícitos.
La promesa de una justicia rápida comenzó a reflejarse pronto en los números al punto que algunos casos se han resuelto incluso en cuestión de horas. Durante su primer año de funcionamiento dio trámite y cerró 2 mil 94 expedientes, evitando que toda esta carga terminara recorriendo el largo camino de la vía ordinaria. La importancia de la Unidad de Flagrancia Delictiva es tal que al cierre del primer semestre de este año 2026 ya atendió 2 mil 606 casos y de esta cifra logró resolver 2 mil 523 expedientes.
Pero más allá de estos números surge una pregunta: ¿cómo funciona este sistema y cómo consigue resolver casos contra reloj? En principio, hay que tener en cuenta que el secreto de su rapidez radica en que todos los operadores de justicia trabajan bajo un mismo techo: policías, fiscales, jueces y defensores públicos comparten el mismo edificio, lo que permite acortar distancias, reducir trámites y tiempos de espera, detalla el juez coordinador de la UF de Arequipa, Walter Marroquín Aranzamendi.
Es en este lugar donde el o los sospechosos son puestos a disposición de las autoridades y donde empieza la carrera para determinar su situación legal.
Policía y la hora cero
El reloj empieza a correr en el mismo instante en que agentes de la Policía hacen su aparición en la escena y los sospechosos sienten el frío del metal en las muñecas. No hay margen para la duda: los bienes sustraídos, arrebatados con violencia a un transeúnte, aún están en sus bolsillos y la intervención acaba de concluir. Es la flagrancia delictiva en su estado más puro.
En ese primer contacto con la vía pública, la Policía Nacional activa un protocolo. El detenido es trasladado a la UF, donde rápidamente redactan el Acta de Intervención, registran las evidencias, entre otras diligencias. Tienen un tope estricto de 48 horas de detención policial para perennizar las pruebas y notificar de inmediato al Ministerio Público.
Incoación fiscal
En el despacho del fiscal de turno no hay tiempo para carpetas acumuladas por meses. Al constatar que existe prueba evidente, una grabación irrefutable o las actas de incautación, la ley permite al representante del Ministerio Público prescindir de una larga investigación preparatoria común y solicitar formalmente ante un juez la incoación (inicio formal) del proceso inmediato.
En lugar de construir un expediente a lo largo de los años, el fiscal redacta un requerimiento concentrado donde detalla los hechos, adjunta los peritajes y evalúa la necesidad de solicitar medidas de prisión preventiva. Antes de que el caso avance, hay un requisito indispensable: el o los detenidos deben contar con una defensa legal, puede tratarse de un abogado particular y, sino cuenta con los recursos económicos, de un defensor público.
Rol crucial del juez
El expediente pasa al juzgado. En un plazo no mayor a 48 horas, el juez de Investigación Preparatoria instala la Audiencia de Incoación. En esta sala de audiencias de la UF, el juzgador cumple funciones decisivas.
Primero, debe confirma si el delito fue cometido efectivamente en flagrancia y si el caso carece de complejidad. Posteriormente, debe promover la terminación anticipada, es decir que insta a las partes a negociar un acuerdo. Si el imputado acepta su responsabilidad delictiva en ese instante, obtiene el beneficio legal de la reducción de un sexto de la pena, cerrando el caso en el acto.
Finalmente, el magistrado de Investigación Preparatoria debe resolver la medida coercitiva. Vale decir que, si no hay acuerdo de terminación anticipada (aceptación del delito), pero el proceso inmediato procede, el juez decide si el acusado esperará el juicio en libertad o bajo prisión preventiva.
Acusación exprés
Cuando el juez declara procedente el proceso inmediato, el trámite entra en su fase de máxima aceleración. Se omiten por completo las etapas intermedias del proceso ordinario.
El fiscal dispone de un plazo drástico de apenas 24 horas para presentar su requerimiento de acusación definitivo, detallando los años de cárcel solicitados y la reparación civil. En el mismo día, el expediente se remite al Juzgado Penal Unipersonal.
Sentencia en 72 horas
El juzgado penal fija la fecha para la audiencia única de juicio inmediato en un plazo máximo de 72 horas. En una sola sesión ininterrumpida y a puertas abiertas, se desarrollan los alegatos de apertura, el interrogatorio de los testigos presenciales, la exhibición de las pruebas incautadas y las alegaciones finales de la defensa. Antes de que concluya la jornada, el juez emite la sentencia.
En este punto vale hacer algunas precisiones. En principio, la investigación preparatoria, en situaciones extraordinarias, no debe superar los 30 días; en tanto, la prisión preventiva no puede durar más de cuatro meses. Asimismo, cuando las posibles condenas comprenden más de 6 años, los magistrados unipersonales de la Unidad de Flagrancia Delictiva forman un Juzgado Colegiado, detalla Marroquín Aranzamendi.
Lo que en el sistema penal común habría tomado entre 18 meses e incluso años de notificaciones y diligencias suspendidas, en la ruta de flagrancia ha concluido en cuestión de días: con sentencia dispuesta y justicia impartida en tiempo récord.
Cada caso resuelto en este contexto no solo evita largas esperas para las víctimas y los investigados, así como la aplicación de una justicia oportuna. También alivia el gasto público. Walter Marroquín señala que una estimación, efectuada tiempo atrás, estableció que una sola audiencia puede representar un costo de entre mil 500 y 3 mil soles. En pocas palabras, la UF también representa un importante ahorro para el Estado.
DESPIECE
Una unidad con varias necesidades
Detrás de cada expediente resuelto en tiempo récord existe una maquinaria que no se detiene. La Unidad de Flagrancia Delictiva reúne a cuatro Juzgados de Investigación Preparatoria, tres Juzgados Unipersonales, 18 fiscales, entre 25 y 27 policías, cuatro defensores públicos y siete jueces. Sin embargo, a decir de Walter Marroquin, es necesario aumentar el número de fiscales y policías, dado que a diario atienden -por ejemplo- entre 9 a 10 audiencias.
Entre las carencias que aún enfrenta la UF destaca la falta de un laboratorio. Marroquín Aranzamendi señala que esta infraestructura es indispensable para practicar dosajes etílicos, peritajes toxicológicos y pruebas balísticas, diligencias fundamentales para sustentar las investigaciones y acelerar la toma de decisiones judiciales. Este laboratorio, de acuerdo a una evaluación preliminar demandaría 50 mil dólares. Ocurre que la falta de este espacio ha propiciado que varios casos de hurto y robo pasen al proceso común.
Dato
En la UF, toda condena es efectiva salvo en casos de reserva de fallo o de penas suspendidas.
Dato
Ningún caso complejo o que demanda más de 15 días de detención preliminar puede ser visto por la UF: crimen organizado, espionaje, robo agravado con muerte, entre otros.
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