De aprobarse esta ley, 30 mil mineros del actual Reinfo pasarían al denominado FORMAPE .
El Ejecutivo envió ante la Cámara de Diputados el proyecto de la nueva Ley MAPE, una propuesta que busca reformar de manera integral la pequeña minería y minería artesanal en el país. La iniciativa plantea poner punto final al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el 31 de diciembre de 2026, establecer un régimen transitorio de consolidación hasta junio de 2028 y centralizar los trámites y la fiscalización en el nuevo Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE).
Sin embargo, el documento ha generado inmediatas reacciones de preocupación entre especialistas en derecho ambiental y autoridades regionales. Los analistas advierten que la iniciativa no resuelve los problemas de fondo de la informalidad y, por el contrario, podría abrir la puerta a riesgos de impunidad y a un grave retroceso en la descentralización del sector.
En ese contexto, el economista y gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, expresó que este proyecto de ley es más de lo mismo y que en la práctica sólo aplazaría la situación actual en el país. “El esquema planteado no tiene un mecanismo que asegure que vaya a ser diferente de lo que ya hemos estado viendo con el REINFO”, dijo.
Nuevo marco bajo la lupa
Uno de los ejes más cuestionados del proyecto es el trato que se le otorga al oro extraído y la falta de mecanismos efectivos de fiscalización. Para César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la iniciativa plantea beneficios financieros sumamente riesgosos al permitir la apertura de cuentas en el Banco de la Nación sin garantizar el rastreo del mineral. “No tenemos ninguna certeza del origen del oro que se tiene, no hay ningún mecanismo de trazabilidad certera, y con esta ley el Estado peruano podría convertirse en un mecanismo que valide el dinero de origen ilegal concretamente”, advirtió Ipenza.
A este escenario se suma la omisión de las reglas impuestas por la justicia constitucional sobre la impunidad administrativa y penal. Ipenza recuerda que el Tribunal Constitucional ya fijó un precedente claro respecto a las prerrogativas del Reinfo que el Poder Ejecutivo parece haber ignorado al redactar esta propuesta.
“El año pasado, en la sentencia que obtuvimos de parte del Tribunal Constitucional, se señaló que cualquier régimen transitorio o permanente debe eliminar la figura de la extensión de la responsabilidad penal, civil y administrativa. Y el Ejecutivo, al presentar esta iniciativa, ni siquiera menciona la eliminación de los mecanismos de impunidad que actualmente el Reinfo mantiene”, precisó el abogado del OMI.
Rechazo en las regiones
Desde las regiones del sur, la propuesta del Ejecutivo ha sido recibida con un firme rechazo institucional. La creación del FORMAPE implica retirar a las direcciones y gerencias regionales de energía y minas sus competencias sobre la pequeña minería, concentrando las decisiones en la capital.
En esa línea, Raúl Jaime Anccasi, gerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, asegura que el malestar es generalizado entre los gobiernos subnacionales. “Estoy seguro de que todos los gobiernos regionales no están de acuerdo con todo lo que se menciona en este proyecto de ley. Prácticamente este proyecto declara al Minem como ente rector de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, la cual es competencia del gobierno regional. No se puede trastocar el proceso de descentralización que se ha logrado con mucho trabajo y años de esfuerzo”, señaló Anccasi.
Asimismo, sostuvo que el traslado de estas competencias a la capital solo agravará la burocracia para los propios pequeños productores, quienes ya sufren las consecuencias de la centralización de trámites. “Un administrado del Reinfo va al ministerio y no lo atienden”, mencionó. Además, la autoridad acotó que en dos años sólo han formalizado a dos o tres mineros. “No hay comparación con el trabajo que hacen los gobiernos regionales porque nosotros estamos en la zona”, remató la autoridad regional de Arequipa.
Cuellos de botella
Otro punto controvertido del proyecto es la propuesta de erradicar el uso del mercurio de manera “progresiva”, sin fijar un plazo ni un calendario concreto en el texto. Para Ipenza, este tipo de fórmulas ambiguas suelen terminar en punto muerto si no se imponen fechas límite de cumplimiento obligatorio. “Deberíamos partir ya de una fecha de prohibición clara, porque eso de prohibición progresiva nunca se traduce en absolutamente nada”, enfatizó el abogado.
Por su parte, Anccasi agregó que el problema de fondo que impide la formalización de miles de pequeños mineros radica en los vacíos legales respecto a la titularidad del terreno y las concesiones, dos aspectos que la Ley MAPE vuelve a postergar. “Si no se plantea superar este problema, lamentablemente no va a haber un avance. Pienso que en las concesiones que tienen más de 10 años sin producción podría salir una norma para que automáticamente estos Reinfo puedan firmar un contrato de explotación. Eso ayudaría bastante”, concluyó Anccasi. Sin embargo, también expresó que nunca los convocaron para reunirse y tomar en cuenta sus aportes para ayudar a resolver esta problemática.
Dato
La iniciativa contiene 23 artículos, cinco disposiciones complementarias finales, diez disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria modificatoria.
Cita
“Cambiarle el nombre a un problema no lo elimina”, expresó Víctor Fuentes.
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