Rosa Leonor Vallejos Beltrán presentó su renuncia voluntaria al Gobierno Regional de Arequipa.
Con todos los beneficios de ley, Rosa Leonor Vallejos Beltrán dejará el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La exprocuradora regional, quien afrontó dos procesos penales que terminaron en sentencias condenatorias, presentó su renuncia voluntaria y la entidad que dirige el gobernador Rohel Sánchez aceptó su salida sin que se le haya impuesto una sanción administrativa.
Según la Resolución Gerencial General Regional N.° 787-2026-GRA/GGR, emitida el 12 de octubre de 2026 y firmada por el gerente general Juan Carlos Blanco, la exfuncionaria se desempeñaba como trabajadora nombrada de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, en el nivel remunerativo F-5 y bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276.
Tras pedir su cese, la entidad dio por terminada su carrera administrativa y dispuso que se ejecuten los procedimientos correspondientes para el reconocimiento de sus beneficios compensatorios o pensionarios. Es preciso mencionar que Vallejos Beltrán ganó por puesta de mano, dado que el 31 de agosto de 2026 la Corte Suprema declaró nulo e inadmisible el pedido de casación que interpuso para anular sus sentencias. Al conocer el fallo, solicitó su dimisión voluntaria para obtener todos sus beneficios y el GRA no hizo nada para impedirlo.
Sentenciada por corrupción
Los casos que la rodean debían dejarla inhabilitada y sancionada. Y es que primero la condenaron a 5 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con el presunto pago de 20 mil soles para favorecer a la empresa GIANT SAC en gestiones vinculadas con una expropiación. La condena se confirmó en segunda instancia en enero de 2024, pero llegó a la etapa de casación, lo que le permitía seguir laborando.
A ese antecedente se suma el proceso por el caso de las denominadas trabajadoras fantasma. En abril de 2025, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial emitió una sentencia que la declaró autora del delito de peculado doloso simple. Esto por hechos relacionados con el pago de S/ 53 mil 500 a dos personas que, según la acusación fiscal, no prestaron servicios en la Procuraduría.
DATO
En 2025, el Gobierno Regional había declarado prescrita la posibilidad de imponerle una sanción administrativa.
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