La disciplina escolar busca garantizar aulas seguras, proteger a los estudiantes y fortalecer el respeto entre docentes y alumnos.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
El Perú necesita recuperar el respeto y la autoridad en las aulas, pero sin olvidar que la verdadera disciplina no consiste únicamente en castigar, sino también en corregir, orientar y formar mejores ciudadanos.
La violencia escolar es una realidad que preocupa a miles de familias peruanas. Las agresiones entre estudiantes, el acoso, las faltas de respeto a los docentes y los problemas de convivencia han convertido a muchos colegios en escenarios de conflictos que afectan el aprendizaje y la tranquilidad de la comunidad educativa. Frente a esta situación, resulta comprensible que se busquen medidas para recuperar el orden y la autoridad en las aulas.
El Ministerio de Educación ha presentado una propuesta de nuevos lineamientos para la disciplina escolar que contempla amonestaciones, suspensiones, matrícula condicional y, en los casos más graves, la expulsión del estudiante. También plantea recuperar la calificación de conducta de 0 a 20 y establecer responsabilidades más claras para docentes, directores y padres de familia.
La iniciativa abre un debate necesario: ¿hasta dónde debe llegar la autoridad de un colegio para sancionar a un estudiante y dónde comienza su responsabilidad de ayudarlo a cambiar?
No podemos negar que los profesores necesitan respaldo. Durante mucho tiempo se ha discutido sobre las dificultades que enfrentan para mantener la disciplina y actuar frente a comportamientos que afectan a sus alumnos. Un docente no puede desarrollar adecuadamente sus clases en un ambiente de amenazas, agresiones o constantes interrupciones. Tampoco es justo que los estudiantes que desean aprender tengan que soportar situaciones de violencia o intimidación.
Por eso, establecer reglas claras y consecuencias frente a las faltas es necesario. Sin embargo, una cosa es ejercer autoridad y otra muy distinta pensar que el castigo, por sí solo, resolverá los problemas de conducta.
Detrás de un estudiante agresivo o con comportamientos difíciles pueden existir problemas familiares, abandono emocional, violencia en el hogar, dificultades psicológicas o una ausencia de orientación. Esto no justifica sus acciones ni disminuye la gravedad del daño que pueda ocasionar, pero sí nos recuerda que estamos tratando con niños y adolescentes que todavía se encuentran en proceso de formación.
La expulsión, por ejemplo, puede parecer una solución inmediata para recuperar la tranquilidad de un colegio. Pero surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede después con ese estudiante? ¿Quién se encarga de ayudarlo a modificar su comportamiento? ¿No estaremos simplemente trasladando el problema a otra institución o, peor aún, alejándolo del sistema educativo?
La propuesta del Minedu contempla alternativas de continuidad educativa y acompañamiento psicológico para los estudiantes separados de sus colegios. Es un aspecto importante que merece atención. Pero también será necesario garantizar que estos mecanismos funcionen en la práctica y no se conviertan en promesas difíciles de cumplir, especialmente en las instituciones públicas que enfrentan limitaciones de personal especializado y recursos.
Hay otro asunto que no podemos pasar por alto: los derechos de las víctimas. Cuando un estudiante sufre acoso, agresiones o humillaciones, la institución educativa tiene la obligación de protegerlo, escuchar su denuncia y actuar oportunamente. No sería aceptable que, en nombre de la comprensión hacia el agresor, se permita que la violencia continúe. La convivencia escolar exige proteger a quienes sufren el daño y, al mismo tiempo, intervenir para corregir la conducta de quienes lo provocan.
También resulta necesario reflexionar sobre la responsabilidad de las familias. La educación no comienza cuando el niño ingresa al colegio ni termina cuando sale de clases. El respeto, la responsabilidad, la empatía y los límites se aprenden primero en casa. No podemos exigir que los docentes resuelvan solos problemas que requieren la participación de los padres y el acompañamiento de profesionales.
Asimismo, convendría diferenciar con claridad los verdaderos actos de violencia de otras conductas escolares. No prestar atención en clase, utilizar indebidamente un celular o incumplir una norma de presentación personal no pueden abordarse con la misma lógica que una agresión física, el acoso sexual o la extorsión. Cada situación requiere una respuesta proporcional, razonable y orientada a su gravedad.
El Perú necesita colegios seguros, docentes respetados y estudiantes responsables. Pero también necesita instituciones educativas capaces de escuchar, prevenir conflictos y ofrecer oportunidades de cambio. Recuperar la disciplina no debería significar regresar a una educación basada exclusivamente en el miedo al castigo.
Hay un aspecto que merece especial atención. Mientras muchas instituciones educativas particulares ya cuentan con reglamentos internos que establecen faltas, medidas correctivas y sanciones, los colegios públicos enfrentan ahora el desafío de aplicar criterios disciplinarios más definidos. Sin embargo, no basta con aprobar normas. También debemos preguntarnos si todas las escuelas públicas cuentan con psicólogos, tutores, personal especializado y el respaldo necesario para atender los problemas de conducta. La disciplina no puede depender únicamente de la capacidad de sancionar, sino también de las condiciones que ofrece el Estado para prevenir la violencia y acompañar a los estudiantes.
Las sanciones pueden ser necesarias, especialmente cuando está en riesgo la integridad de otros estudiantes. Sin embargo, deben aplicarse con criterios claros, respeto al debido procedimiento y acompañamiento educativo. La autoridad se fortalece cuando actúa con firmeza, pero también con justicia.
La verdadera prueba de una política de disciplina escolar no será cuántos estudiantes sean suspendidos o expulsados, sino cuántos logren corregir sus conductas, cuántas víctimas reciban protección y cuántos conflictos puedan evitarse.
Porque, al final, la escuela no está solamente para enseñar matemáticas, ciencias o comunicación. También está para formar personas capaces de convivir, respetar las diferencias y asumir las consecuencias de sus actos.
La disciplina es indispensable, pero nunca debemos olvidar que educar significa formar, no simplemente castigar.
CITA
“La disciplina es indispensable, pero nunca debemos olvidar que educar significa formar, no simplemente castigar.”
DATO
Una forma sería amonestar, suspender, condicionar la matrícula o la expulsión para los casos más graves.
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