Los dirigentes de construcción civil permanecen detenidos por 7 días más.
La tarde del miércoles el juez Eddy Leva Cascamayta declaró fundado el pedido Detención Preliminar por 7 días contra Lugue Espinoza Varcárcel y Juan Chicata Orihuela. El primero, secretario general del Sindicado de Construcción Civil y el otro secretario de Organización, ambos imputados por el presunto delito de Coacción y Extorsión.
El pedido fue presentado por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa u se sustenta en la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de exigencia extorsiva, tipificado en el artículo 200-A del Código Penal. Este delito implicaría la pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 12 años. Los investigados son señalados como responsables de liderar una serie de protestas, las cuales paralizaron la obra de la nueva sede del Poder Judicial ubicada en el distrito de Cerro Colorado en la zona de Semi Rural Pachacutec.
Actos extorsivos
El fiscal provincial Javier Adrián Salas sustentó su requerimiento. Explicó que el conflicto se originó cuando la empresa contratista despidió a 3 trabajadores sindicalizados: José Castillo, Henry Vázquez y Ricardo Coaguila; presuntamente por faltas injustificadas previo procedimiento disciplinario. A partir de ese momento, según la investigación fiscal, los dirigentes sindicales organizaron movilizaciones progresivas que comenzaron el 3 de junio y culminaron con un paro regional masivo el 6 de julio de 2026, donde aproximadamente 3 mil personas sindicalizadas bloquearon los accesos a la obra en la intersección de la avenida Cristóbal Colón con el jirón Del Carmen.
Como elemento de convicción principal, el Ministerio Público presentó grabaciones de llamadas telefónicas. Las conversaciones fueron sostenidas el 1 de julio entre Apolinario Pinto Condori, secretario de defensa del sindicato, y Darío Zambrano Carlín, administrador de la obra. En las transcripciones, se escucha cómo Pinto condiciona la paz laboral a la reincorporación de los trabajadores despedidos. «Una vez que los compañeros se reincorporen, el problema se soluciona. Lo que queremos es paz laboral, tranquilidad, queremos que el proyecto avance», se escucha decir a Pinto Condori.
Los abogados defensores David Ruben Mayta y Víctor Cchipana Tapia argumentaron que sus patrocinados actuaban en legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales. Indicaron que como dirigentes sindicales, están amparados por la libertad de sindicación y el derecho a la protesta. Sostuvieron que los investigados obedecían mandatos de la Asamblea General del sindicato. Además cuestionaron la legitimidad de Darío Zambrano, al no contar con la acreditación como representante legal de APM Contratistas.
El juez Cascamayta realizó cuestionamientos incisivos durante la audiencia. Exigió a la defensa que presente el acta de asamblea que autorizaba las movilizaciones violentas por parte del Sindicado de Construcción Civil. Ante la imposibilidad de los abogados de mostrar dicho documento, el magistrado señaló en su resolución: «No hay elementos de convicción que corroboren dicha afirmación».
Por el contrario, las actas policiales demuestran que se trató de acciones violentas con daños al cerco perimétrico, lanzamiento de piedras y amenazas de muerte contra el administrador de la obra. El juez también precisó que, aunque Zambrano no sea el representante legal, su condición de administrador de obra le da legitimidad para denunciar los hechos.
Existen indicios suficientes
En su resolución, el magistrado declaró fundada la detención preliminar por 7 días, computables desde el 7 de julio y con vencimiento el 13 de julio de 2026. El sustento se basó en la sospecha reveladora de la comisión del delito, el peligro procesal de fuga y la proporcionalidad de la medida para realizar actos de investigación urgentes e inaplazables. El juez enfatizó que a este nivel preliminar la imputación se encuentra en construcción, pero que existen indicios suficientes de que los dirigentes utilizaron violencia y amenazas para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos.
Los actos de investigación que justifican los 7 días de detención incluyen principalmente dos peritajes urgentes. Un peritaje antropométrico para cruzar los rostros de los dirigentes con aproximadamente 10 videos de las protestas; que incluye material de redes sociales. Así como una diligencia de escucha y transcripción formal de 2 audios de las conversaciones telefónicas presentadas como prueba. También se contempla la declaración de los investigados. El juez advirtió que, concluido este plazo, el Ministerio Público deberá presentar una imputación concreta y provisional por cada investigado para evitar indefensión.
Anuncian paro en el sur
Por su parte los integrantes del sindicato continuaron sus protestas en la sede del Poder Judicial ubicada en la Plaza España. Al lugar llegaron secretarios generales de los sindicatos de Construcción Civil de Moquegua, Cusco, Puno, Tacna y otras regiones del sur del país. Los dirigentes manifestaron su apoyo incondicional al paro y amenazaron con paralizar las obras en sus respectivas regiones si no se libera a los investigados.
En Arequipa, el secretario de la Federación de Trabajadores de Arequipa, Mariano Nina, anunció que ya hay un paro total de obras en la región.
Ante la determinación del juez, la Federación Departamental De Trabajadores De Arequipa, expresó a través de un comunicado su rechazo. Exigieron la liberación de los detenidos e indicaron que es una acción arbitraria.
Tras cumplirse los 7 días de detención preliminar, el Ministerio Público enfrentará una carrera contrarreloj para recabar los peritajes y decidir si solicita prisión preventiva contra los dirigentes sindicales o dispondra su libertad.
DATO
La detención judicial en caso de flagrancia por 7 días es diferente a un pedido de prisión preventiva.
DATO
El Ministerio publico presentó 10 videos y 2 audios como pruebas de su pedido.
