El Consorcio TECHQUK continuó instalando cámaras y fibra óptica pese a que el contrato venció el 3 de mayo. La situación podría impedir que la municipalidad de San Sebastián aplique penalidades por retrasos.
La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana y serenazgo en el distrito de San Sebastián, en Cusco.
Según el Informe de Hito de Control N° 010-2026-OCI/1628-SCC, parte de los trabajos se vienen realizando fuera de la vigencia contractual, situación que podría generar un perjuicio económico.
El proyecto es ejecutado por la Municipalidad Distrital de San Sebastián a cargo de su alcaldesa Jackelin Jiménez Chuquitapa, bajo la modalidad de administración directa. Desde su aprobación en el 2020 ha sufrido diversas modificaciones presupuestarias y ampliaciones de plazo.
El costo inicial de S/ 24.3 millones se incrementó hasta superar los S/ 56.4 millones. Hasta abril de 2026 registraba un avance físico acumulado de 76.11 %.
Observaciones
La principal observación se concentra en el componente tecnológico del proyecto, que contempla la instalación de cámaras de videovigilancia y redes de fibra óptica. Dichas labores están a cargo del Consorcio TECHQUK mediante un contrato valorizado en S/ 32.8 millones.
Aunque el plazo definitivo para culminar los trabajos venció el 3 de mayo de este año, la comisión de control verificó que durante junio el personal continuaba realizando tendido de redes, empalmes de fibra óptica y excavaciones.
“La ejecución de trabajos posterior a dicha fecha determina que el Contratista actúa de manera informal, ejecutando partidas fuera de la vigencia del Contrato y sin un calendario vinculante que la supervisión pueda controlar”, señala el documento.
Falta de coordinación
Además, se detectó una falta de coordinación interna dentro de la municipalidad. Mientras la comuna anunciaba la firma de un contrato con Electro Sur Este SAA para facilitar el uso de postes, la residencia del proyecto aseguró que nunca fue notificada formalmente sobre dicho acuerdo.
El Órgano de Control Institucional (OCI) advirtió que esta situación podría impedir la aplicación de penalidades por mora al contratista, afectando el correcto uso de los recursos públicos. Ante ello, la jefa del OCI, Diana Almanza Hurtado, notificó oficialmente a la alcaldesa para que adopte las medidas preventivas y correctivas.
Cifra
S/ 24.3 millones fue el costo inicial estimado de la obra, que se duplicó.
