La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dircocor ejecutaron allanamientos en la Municipalidad Provincial de San Román y en inmuebles vinculados a funcionarios y particulares investigados. La hipótesis fiscal sostiene que una presunta organización criminal habría operado dentro de la Gerencia de Transportes para favorecer a conductores infractores.
Las oficinas de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román amanecieron este miércoles bajo resguardo policial. Lo que para cientos de usuarios es una dependencia encargada de aplicar sanciones y regular el tránsito, se convirtió en el centro de una investigación por presunta corrupción que involucra a funcionarios municipales, servidores públicos, particulares e incluso al propio alcalde de Juliaca.
Desde las primeras horas de la mañana, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), junto con representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecutaron una serie de allanamientos autorizados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.
Las diligencias alcanzaron oficinas municipales, viviendas y otros inmuebles ubicados en Juliaca y vinculados a los investigados.
La hipótesis: una red para favorecer a infractores
De acuerdo con la tesis planteada por el Ministerio Público, una presunta organización criminal habría operado desde el año 2024 dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.
Según la investigación, funcionarios y servidores municipales habrían coordinado con particulares para beneficiar a conductores que registraban infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.
El esquema investigado habría permitido omitir el registro de papeletas M1y M2 , alterar documentación administrativa, desaparecer expedientes, anular sanciones y liberar vehículos intervenidos por faltas graves.
La Fiscalía sostiene que estos beneficios no eran gratuitos. Los conductores favorecidos habrían entregado pagos ilícitos a cambio de evitar multas, procedimientos administrativos o internamientos vehiculares.
¿Quiénes son los investigados?
La resolución judicial incorpora a varios funcionarios y exfuncionarios de la comuna juliaqueña.
Entre ellos figura el alcalde provincial de San Román, Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, además del gerente de Transportes y Seguridad Vial, Hardy Meyer Quispe Lipa, y el exsubgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección, Edwerson William Pacori Paricahua.
La investigación también comprende a otros servidores municipales y particulares que, según la hipótesis fiscal, habrían cumplido funciones específicas dentro de la presunta red.
Los investigados son acusados de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Las evidencias
La autorización judicial para los allanamientos se sustenta en una serie de elementos recabados durante la investigación fiscal.
Entre ellos figuran registros obtenidos mediante técnicas especiales de investigación, incluyendo acciones de videovigilancia que habrían permitido documentar presuntas negociaciones relacionadas con la anulación de papeletas de tránsito.
Según la resolución judicial, uno de los hechos investigados refiere que un funcionario habría ofrecido solucionar una sanción administrativa a cambio de una suma de dinero.
Estos elementos forman parte de la carpeta fiscal y serán contrastados durante el desarrollo del proceso.
Las diligencias no solo estuvieron dirigidas a recabar documentación.
La orden judicial permitió el registro e incautación de computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre el funcionamiento de la presunta organización.
Además de las oficinas de la Gerencia de Transportes, fueron intervenidas la Subgerencia de Circulación, Seguridad Vial e Inspección, la Oficina de Infracciones y Sanciones, así como inmuebles particulares vinculados a los investigados.
Cerca de 50 efectivos policiales participaron en el operativo para garantizar el desarrollo de las diligencias.
Por lo pronto, las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer si desde una de las áreas más sensibles de la Municipalidad Provincial de San Román se implementó un sistema destinado a beneficiar irregularmente a conductores infractores a cambio de dinero.
Dato
La investigación fiscal señala que la presunta organización habría operado desde el año 2024 dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.
