Más de dos décadas después de iniciada la descentralización, el Perú enfrenta una paradoja persistente: regiones que reciben millonarios recursos por canon y regalías continúan mostrando profundas brechas sociales. La discusión ya no pasa por transferir más dinero, sino por fortalecer capacidades de gestión que permitan convertir los recursos públicos en resultados concretos para la ciudadanía.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Por años, los peruanos hemos escuchado que la descentralización era el camino para construir un país más equitativo. La lógica parecía incuestionable: transferir recursos y competencias a los gobiernos regionales permitiría que las decisiones se tomaran más cerca de la población y que las necesidades locales fueran atendidas con mayor eficacia. Más de veinte años después, la pregunta es inevitable: ¿hemos logrado ese objetivo?
La respuesta merece un análisis sereno, alejado de posiciones ideológicas. Porque el problema no es la descentralización como principio. El problema es que, en muchos casos, hemos descentralizado recursos sin descentralizar capacidades de gestión.
Las cifras son elocuentes. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante 2025 las transferencias provenientes del canon minero, regalías y otros conceptos asociados a la actividad minera superaron los S/ 9 900 millones. Regiones como Áncash, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurímac recibieron montos históricos producto de la riqueza generada por sus recursos naturales. Sin embargo, cuando observamos los indicadores de calidad de vida, las brechas siguen siendo evidentes.
La paradoja es difícil de ignorar. Regiones que generan riqueza para el país continúan enfrentando deficiencias en infraestructura educativa, servicios de salud, acceso al agua potable, conectividad vial y oportunidades económicas para sus ciudadanos. El dinero llegó. Lo que no llegó, con la misma intensidad, fueron los resultados.
La explicación no puede reducirse a la falta de presupuesto. De hecho, en numerosos ejercicios fiscales, los gobiernos regionales y locales han terminado el año con importantes saldos sin ejecutar. Mientras hospitales esperan equipamiento, colegios requieren mantenimiento y carreteras permanecen inconclusas, parte de los recursos públicos retorna al cierre presupuestal sin haberse convertido en obras ni servicios.
Esta realidad revela una verdad incómoda: el principal desafío del Perú ya no es únicamente recaudar recursos, sino administrarlos adecuadamente.
La descentralización fue concebida para acercar el Estado a los ciudadanos. Sin embargo, en muchos casos ha terminado acercando el presupuesto a estructuras burocráticas que no siempre cuentan con la capacidad técnica necesaria para transformarlo en desarrollo sostenible. La rotación constante de funcionarios, la escasa planificación de largo plazo, los proyectos deficientemente formulados, la excesiva burocracia y los frecuentes casos de corrupción han debilitado los objetivos originales de la reforma descentralizadora.
Las recientes elecciones nacionales también ofrecen una señal que merece atención. Varias de las regiones que reciben importantes recursos por canon minero expresaron en las urnas un profundo descontento con el modelo actual de gestión pública. Más allá de las preferencias partidarias, el mensaje parece claro: una parte significativa de la población no percibe que la riqueza generada en sus territorios se refleje proporcionalmente en su calidad de vida.
No se trata de un rechazo a la inversión privada ni a la actividad minera. Se trata de una demanda de resultados. Los ciudadanos observan las cifras multimillonarias que ingresan a sus regiones y, al mismo tiempo, continúan enfrentando problemas cotidianos que deberían haber sido resueltos hace años. Cuando la expectativa y la realidad se distancian demasiado, surge inevitablemente la frustración.
Por ello, el debate nacional no debería centrarse en recentralizar el país. Ese sería un error histórico. Tampoco en seguir transfiriendo recursos sin exigir resultados. El verdadero desafío consiste en construir una segunda etapa de la descentralización, basada en la profesionalización de la gestión pública regional, la meritocracia, la planificación estratégica y una rendición de cuentas mucho más rigurosa.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero recibe una región. Pero tiene aún más derecho a saber qué se hizo con ese dinero: cuántos hospitales se construyeron, cuántas escuelas se mejoraron, cuántas carreteras se concluyeron y cuántas familias accedieron finalmente a servicios básicos.
La descentralización no puede medirse por el volumen de recursos transferidos, sino por la calidad de vida que esos recursos generan.
Después de más de dos décadas, el Perú necesita pasar de la descentralización presupuestal a la descentralización de resultados. Porque el éxito de una política pública no se encuentra en los millones que figuran en una cuenta bancaria estatal, sino en los cambios concretos que perciben los ciudadanos en su vida diaria.
Y mientras esa transformación no ocurra, seguiremos enfrentando la misma contradicción: regiones cada vez más ricas en recursos, pero ciudadanos que aún esperan los beneficios prometidos del desarrollo.
CITA
«El principal desafío del Perú ya no es recaudar más recursos, sino administrarlos adecuadamente.»
CIFRA
+ S/ 9.900 millones fueron transferidos en 2025 por canon, regalías y actividad minera a las regiones.
