Una carretera vecinal ejecutada por el Gobierno Regional de Puno pasó de costar S/ 29,9 millones a más de S/ 53,1 millones y multiplicó casi por tres su plazo de ejecución. Pese a haber sido declarada concluida, la Contraloría detectó inconsistencias entre lo reportado y lo encontrado en campo, documentación faltante y daños en la infraestructura mientras el proceso de recepción permanece paralizado desde hace más de cinco meses.
Una carretera que debía mejorar la conectividad entre diversas localidades de la provincia de Chucuito enfrenta ahora cuestionamientos por presuntas irregularidades detectadas durante su ejecución y cierre. La Contraloría General de la República advirtió inconsistencias técnicas, documentación incompleta y un progresivo deterioro de la infraestructura, pese a que la obra fue declarada prácticamente concluida por el Gobierno Regional de Puno.
Se trata del proyecto de mejoramiento del camino vecinal Huaquina–Zapijicane–Puerto Juli–Chucasuyo, una de las inversiones viales más importantes ejecutadas en la zona sur de la región.
Según el Informe de Control Concurrente N.° 016-2026-OCI/5350-SCC, el presupuesto de la obra pasó de S/ 29 millones 934 mil 101 a S/ 53 millones 161 mil 972, lo que representa un incremento de 77,6 % respecto al monto inicialmente aprobado.
El plazo de ejecución también sufrió modificaciones significativas. La obra fue programada originalmente para ejecutarse en 540 días calendario; sin embargo, terminó acumulando ocho ampliaciones de plazo hasta alcanzar 1,486 días, es decir, un incremento superior al 275 %.
Diferencias entre el informe y la realidad
Uno de los hallazgos más relevantes del órgano de control está relacionado con las discrepancias encontradas entre el informe final de obra y lo verificado físicamente durante la inspección.
La Contraloría detectó que el expediente señala la construcción de 760 metros lineales de muros de sostenimiento; sin embargo, durante la visita de campo solo se identificaron aproximadamente 664 metros.
Asimismo, el informe técnico sostiene que el pavimento rígido fue ejecutado hasta el kilómetro 1+000 de la vía, aunque la inspección evidenció que la obra culmina realmente en el kilómetro 0+980, dejando un tramo de aproximadamente 20 metros sin ejecutar.
Las observaciones también alcanzan a las estructuras de drenaje. Mientras los documentos técnicos reportan la construcción de 46 alcantarillas, en el recorrido efectuado por la comisión de control se encontraron 49. Además, algunos planos consignan estructuras que no existen físicamente o presentan diferencias respecto a las realmente construidas.
Falta documentación clave
La Contraloría también advirtió que el informe final carece de información esencial para sustentar la correcta ejecución de la obra.
Entre los documentos ausentes figuran planillas detalladas de metrados, reportes diarios de horas de maquinaria, registros de consumo de combustible, certificados de calidad de materiales, protocolos de ensayos técnicos y planos finales de determinadas estructuras.
Estas omisiones dificultan verificar si los trabajos ejecutados corresponden efectivamente a los recursos invertidos y limitan la trazabilidad técnica y financiera del proyecto.
Obra concluida, pero sin recepción
Aunque la carretera fue declarada culminada físicamente el 24 de diciembre de 2025 con un avance de 99,96 %, el proceso de recepción y liquidación permanece inconcluso.
De acuerdo con el informe, más de cinco meses después de haberse comunicado la culminación de los trabajos, la Comisión de Recepción y Liquidación continúa revisando la documentación presentada.
La demora ha generado una situación de riesgo para la inversión pública, debido a que la vía ya viene siendo utilizada por los transportistas y pobladores, pero todavía no ha sido transferida formalmente para su mantenimiento.
La lluvia ya genera daños
Durante la inspección realizada por la Contraloría se identificaron signos de deterioro prematuro en distintos sectores de la carretera.
Se encontraron cunetas colmatadas con tierra y residuos, alcantarillas parcialmente obstruidas, así como daños en capas de afirmado, base y subbase provocados por las lluvias registradas en la zona.
La falta de mantenimiento oportuno incrementa el riesgo de que la infraestructura continúe deteriorándose antes incluso de completar su proceso administrativo de recepción.
El órgano de control atribuye responsabilidades funcionales a diversos actores involucrados en la ejecución y cierre del proyecto.
Entre ellos figura el residente de obra, Zenón Celedonio Huilahuaña Inquilla, por presentar un informe final con inconsistencias y documentación incompleta. También se observa al supervisor de obra por otorgar conformidad técnica a dicho informe.
Asimismo, se menciona a Kenedy Jenrry Calcina Huarilloclla, encargado de revisar y tramitar la documentación, además de la Subgerencia de Obras, la Comisión de Recepción y Liquidación y la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno.
La Contraloría notificó los resultados al gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, quien deberá informar las acciones correctivas adoptadas para atender las observaciones detectadas y evitar posibles perjuicios al Estado.
Dato
La obra vial Huaquina–Zapijicane–Puerto Juli–Chucasuyo incrementó su presupuesto en más de S/ 23 millones durante su ejecución.
