Un informe pericial solicitado por representantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín reveló un presunto desfalco sistemático de más de S/ 5.7 millones entre 2020 y 2025. El documento detalla transferencias sin sustento documental desde cuentas institucionales hacia la cuenta personal de un funcionario de tesorería, en un esquema que ya es investigado por la Fiscalía.
Un informe pericial, al que tuvo acceso Evidencia.pe y solicitado por algunos representantes universitarios de La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), bajo la gestión de Hugo Rojas Flores, destapó uno de los casos de corrupción más resaltantes de los últimos años. Entre 2020 y 2025, S/ 5.7 millones fueron desviados sistemáticamente desde las cuentas institucionales de la universidad, de los cuales S/ 2 millones 77 mil llegaron hasta las cuentas personales de Leoncio Ccalloapaza Canaza, funcionario del área de tesorería, sin que exista ninguna resolución, autorización o documentación que respalde estas transferencias. Y eso no es todo, hasta el momento no existe prueba de que dicho trabajador haya devuelto la plata.
Peritaje delator
El peritaje, elaborado por la Contadora Francisca Begazo Chalco, detalló un esquema de triangulación financiera que operó durante cinco años de manera continua. Aprovechando las cuentas de la universidad como «puente» para llegar finalmente al bolsillo de un solo funcionario. El mecanismo del desfalco, según reconstruye el informe forense, siguió un patrón repetitivo y metódico.
El dinero salía de la Cuenta Corriente N° 215-2242827-0-33 del BCP, conocida como Recaudadora Virtual. Que es donde se depositan los pagos de matrículas, derechos de enseñanza y otros conceptos que cancelan los estudiantes de la UNSA. Esos fondos eran transferidos a la Cuenta Corriente N° 215-076085-0-51 del BCP, destinada oficialmente al pago de sueldos y beneficios del personal universitario. Desde esta cuenta intermedia, el dinero saltaba directamente a la Cuenta de Ahorros N° 2015-18005749-0-21 del BCP, cuya titularidad es de Leoncio Ccalloapaza Canaza.
El punto de quiebre es que las transferencias detectadas carecen de constancia, resolución o autorización de alguna autoridad. Además no existe documentación que permita acreditar el destino final de los fondos recibidos, ni constancia que acredite su devolución.
Los montos desglosados en el peritaje revelan un camino constante y planificado. Durante el período 2024-2025 se transfirieron S/ 1.9 millones desde la cuenta Recaudadora Virtual hacia la cuenta de Remuneraciones. Luego, S/ 2 millones terminaron en la cuenta de Leoncio Ccalloapaza Canaza. Solo en el año 2024, mes a mes, se registraron transferencias a la cuenta personal que oscilaron entre S/ 63 mil en diciembre y S/ 197 mil en febrero. Montos que difieren con su remuneración, que era poco más de S/ 100 mil. A esto se suma el período 2020-2023, donde el total transferido asciende a S/ 3.7 millones, configurando un patrón sistemático que abarca dos gestiones rectorales completas.
Advirtieron desfalco
El caso salió a la luz gracias a la acción fiscalizadora de dos asambleístas universitarios, el Dr. Ubaldo Enrique Aguirre, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Mgtr. Jerónimo Miguel Gutiérrez Sonco, de la Facultad de Derecho, quienes firmaron un pronunciamiento denunciando el «desfalco sistemático y continuado de dinero en la universidad». En su documento, los asambleístas señalaron que «está debidamente documentado, desde la gestión anterior, existe un desfalco sistemático y continuado de dinero en la universidad». Exigieron una auditoría general, independiente, urgente y exhaustiva, así como la sanción efectiva a los responsables.
Consultado sobre el caso, Roger Tahua Delgado, ex secretario del Sindicato de Trabajadores de la UNSA (SUTUNSA), confirmó que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía. Advirtió que la responsabilidad no recae en una sola persona. «Cuando salta una denuncia, comienzan a saltar otras», señaló Tahua. Además agregó que el desfalco abarca dos gestiones rectorales: la de Rohel Sánchez y la de Hugo Rojas Flores, ambas pertenecientes al mismo movimiento político universitario. Primero denominado IDEAR y ahora MUAB (Movimiento Unidos al Bicentenario).
«Son de un mismo movimiento que ahora está en el gobierno universitario… Ellos son los que tienen que ser responsables», afirmó el representante sindical.
Se aprovechó del cargo
Leoncio Ccalloapaza Canaza se desempeñaba como titular de la cuenta de tesorería, un cargo de confianza que le permitía manejar los flujos de dinero de la universidad. El esquema sugiere que, desde su posición privilegiada, el funcionario habría aprovechado el acceso a las cuentas institucionales para desviar fondos de manera sistemática; con diversas transferencias de entre S/ 6 mil, S/ 9 mil y hasta 26 mil hasta llegar a los más de S/ 5.7 millones.
Presumiblemente pensando que nadie detectaría los movimientos al estar camuflados como transferencias entre cuentas de la propia universidad. Sin embargo, el peritaje demuestra que cada transferencia quedó registrada en los extractos bancarios, permitiendo reconstruir la ruta del dinero con precisión forense.
Roger Tahua reveló que el tema no era completamente desconocido para las autoridades. «Alguna vez en una reunión con las autoridades, el señor rector (Hugo Rojas) deslizó algo de este tema, pero no se habló más», explicó. Fue recién cuando los asambleístas obtuvieron el informe pericial contable formal que decidieron hacer público el caso. De esa forma se rompió lo que el propio Tahua describió como una “cultura del silencio” en la universidad. «En la universidad el silencio es lo que prima», añadió.
Plata de todos
Los S/ 5.7 millones desviados representan recursos que debieron destinarse a mejoras salariales para trabajadores administrativos y docentes. O a infraestructura universitaria, equipamiento académico, programas de bienestar estudiantil e investigación científica.
Ahora, la Asamblea Universitaria, que tiene facultades fiscalizadoras, deberá pronunciarse sobre el caso y adoptar medidas administrativas. Pudiendo derivar en la destitución de los funcionarios involucrados, la denuncia penal formal y el inicio de procesos de recuperación de activos. “Esperemos que esto tenga su canalización legal, y que el dinero se recupere, que es lo más importante finalmente», expresó Tahua.
El caso deja múltiples interrogantes que deberán ser respondidas en la investigación. ¿Quiénes autorizaron o permitieron estas transferencias sin documentación? ¿Qué rol jugaron los directores de administración y finanzas en ambas gestiones? ¿Existen más cuentas o personas involucradas que no aparecen en este peritaje?
Mientras tanto, el pronunciamiento de los asambleístas incluye un llamado a la acción estudiantil y a toda la comunidad universitaria. «Los estudiantes no pueden ni deben tolerar semejante incompetencia administrativa. La universidad exige transparencia, rendición de cuentas y una gestión comprometida con los principios académicos y éticos que deben regir toda institución pública», puntualizó Tahua.
CIFRA
S/ 2 millones llegaron directamente a las cuentas de Leoncio Ccalloapaza Canaza.
DATO
Auditoría fue solicitada por representantes universitarios ante las sospechas del desfalco.
DATO
No queda totalmente claro el destino de otros S/ 3.7 millones.
