El caso también fue derivado a la Fiscalía Anticorrupción ante indicios de presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto, valorado en más de S/ 2 millones. La acusación recae sobre los que resulten responsables, pero están incluidos funcionarios de la comuna provincial.
La ampliación de la infraestructura del Canil Municipal hoy es materia de investigación. Y es que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) dispuso el inicio de diligencias preliminares por la construcción del proyecto valorizado en más de 2 millones de soles en una zona clasificada como agrícola, en el distrito de Socabaya. Este agravio a la campiña fue regalado por este medio en febrero de este año.
La medida fue formalizada mediante la Disposición N.° 01-2026, emitida el 15 de abril de 2026, correspondiente al expediente N.° 201-2026-83. Esto tras la denuncia interpuesta por las regidoras Ruccy Oscco Polar, Mayra Sumari Laura y Rocío Mango Chipana —hoy suspendida por 30 días—. La acusación recae sobre los funcionarios que resultan responsables.
Licencia indebida
La obra, a cargo del Consorcio ARES, fue levantada en el sector de Chilpinilla, en las inmediaciones del Panteón de la Apacheta, área que el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) califica como Zona Agrícola y no urbanizable. De hecho, el uso de estos predios es restringido estrictamente para actividades agrarias, (forestación y deforestación).
Según la documentación revisada por la Fiscalía, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Pablo Salinas Valencia, solicitó la licencia bajo la modalidad A, que permite una aprobación automática. Sin embargo, en el trámite se omitió consignar que el terreno no cuenta con condición urbana, requisito para acceder a este tipo de autorización.
En efecto, la Municipalidad Distrital de Socabaya, que preside el alcalde Roberto Muñoz Pinto, emitió resoluciones durante el año 2025 declarando la nulidad de oficio de la licencia, al concluir que esta “nació nula” por contravenir la zonificación establecida en el PDM 2016-2025 y la Sentencia de Vista N° 183-2019, donde también se declara zona de campiña.
No obstante, los funcionarios ediles de la administración del burgomaestre Victor Hugo Rivera Chávez advirtieron que no fueron comunicados oportunamente sobre la zonificación del terreno cuando solicitaron la licencia de construcción a la comuna socabayina. Si bien la comuna distrital tardó 4 meses en alertar la inviabilidad del proyecto, existían informes del IMPLA que no tomaron en cuenta.
Estos hechos fueron preliminarmente tipificados por la FEMA como el presunto delito de utilización indebida de tierras agrícolas, previsto en el artículo 311 del Código Penal, que sanciona el uso de terrenos agrícolas para fines urbanos sin autorización con penas punitivas y multas, según el grado de afectación.
Indicios de corrupción
No obstante, la investigación escaló a un nivel más complejo tras detectarse indicios de un posible delito de corrupción de funcionarios, relacionado con la aprobación y viabilización del proyecto. Por esta razón, se dispuso remitir copias certificadas del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que evaluará la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
«Se tienen elementos de juicio iniciales que permiten afirmar un delito de corrupción de funcionarios, en la medida que se aprecia que la obra ha sido edificada sobre un predio que no tiene calidad de zona orgánica sino más bien una zona agrícola, donde por mandato del PDM 2016-2025 no se pueden realizar edificaciones», se desprende de la carpeta fiscal a la que accedió Evidencia.pe
Las diligencias preliminares tienen un plazo de 60 días, periodo en el que la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su División de Medio Ambiente, realizará una constatación policial en el lugar y recabará evidencia sobre el estado de la obra, que se encuentra concluida pero sin funcionamiento.
Asimismo, se solicitó al Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) un informe técnico sobre la afectación a la zonificación, mientras que el gerente municipal Pablo Salinas ya fue citado para rendir su declaración. Con esta investigación en curso, la administración del edil Rivera Chavez se despide con cuestionamientos.
DATO
El Municipio de Socabaya no respondió a tiempo a la hora de tramitar la licencia.
DATO
La gestión de Rivera Chávez omitió informes de IMPLA que clasificaba el predio como agrícola.
