El hombre de confianza del gobernador Rohel Sánchez volvió a comparecer ante el Consejo Regional. Esta vez, sus excusas y disculpas no le sirvieron para quedarse en el cargo y fue censurado. El mandatario regional debe retirarlo o ser pasible a denuncias penales por desobediencia.
Su intento por aferrarse nuevamente al cargo duró apenas 30 días. Iván Prado Barreto, gerente regional de Energía y Minas, fue censurado por segunda vez por el Consejo Regional de Arequipa (CRA) tras haber sido reincorporado a la gestión el pasado 16 de marzo por decisión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez, pese a que cargaba una censura vigente sobre sus hombros del año pasado.
Retó al Legislativo
La primera censura fue aprobada el 6 de marzo de 2025 con nueve votos a favor. El motivo principal fue su inasistencia injustificada a una sesión de interpelación en la que debía responder por denuncias de presuntos actos de corrupción. Además de conductas irregulares durante el ejercicio de sus funciones.
Entre los hechos que lo pusieron contra las cuerdas figuró la difusión de videos que lo mostraban en un local nocturno en Chala (Caravelí). Esto mientras se encontraba en comisión de servicios, utilizando recursos del Estado. En ese momento, el funcionario alegó que se trataba de material manipulado con inteligencia artificial.
Así, tras esta primera interpelación y posterior censura, el acuerdo regional N.° 041-2025 establecía que el Ejecutivo debía retirarlo del cargo en un plazo máximo de cinco días hábiles. Sin embargo, la disposición no fue acatada. Por el contrario, Prado Barreto denunció penalmente a los consejeros por usurpación de funciones. No obstante, el Ministerio Público archivó la denuncia por falta de sustento legal.
En paralelo, el funcionario interpuso una demanda de amparo ante el Poder Judicial para frenar su remoción. El Primer Juzgado Especializado Constitucional de Arequipa declaró la demanda improcedente, ratificando la legalidad de la interpelación y censura como facultades del CRA, conforme a su reglamento.
La segunda es la vencida
La nueva censura se sustenta en un conjunto de investigaciones y denuncias que continúan vigentes. Entre ellas destaca su presunta vinculación con el caso “Los Elegantes del Sur”, una red investigada por el Ministerio Público por supuestamente otorgar derechos mineros de manera irregular cuando era parte del Gobierno Regional de Cusco.
Asimismo, se le atribuyen presuntos cobros indebidos, como un pago de S/ 80 mil que habría realizado la empresa Grupo Grande S.A. para agilizar trámites de formalización minera. Aunque el funcionario negó los hechos y aseguró que la denuncia está por archivarse, existen pericias contradictorias en la investigación fiscal.
Durante la reciente sesión, el hombre de confianza del mandatario regional adoptó una postura distinta a la del año anterior. Reconoció que estuvo “mal asesorado” cuando denunció a los consejeros y pidió disculpas al Pleno. Además, aceptó que la interpelación y censura sí son competencias del Legislativo.
No era IA
Respecto al escándalo en Chala, admitió que los videos difundidos son originales, dejando atrás su versión previa sobre una supuesta manipulación. Sin embargo, evitó profundizar en el tema alegando que corresponde a su vida privada, aunque implícitamente reconoció que asistió al local nocturno durante una comisión oficial.
En relación con el presunto pago de S/ 80 mil, sostuvo que se trata de una acusación falsa y señaló que pericias de parte concluyen que la firma no le pertenece. No obstante, en la investigación del Ministerio Público figura un peritaje que indica lo contrario. Esto mantiene el caso aún en investigación.
Sobre las demás investigaciones en su contra, afirmó que son falsas o que serán archivadas próximamente, apelando al principio de presunción de inocencia como base de su defensa ante el Pleno de consejeros.
De los 12 consejeros presentes en la sesión, César Huamantuma, Fernando Cornejo, Yesenia Choquehuanca, Nila Roncalla, Juan Huanca, Natividad Taco, Antonio Llerena y la presidenta Norma Ortega apoyaron la moción de censura. En contraparte, Aarón Maldonado, Osías Ortiz, James Posso y Roxana Llamoca respaldaron al funcionario.
Con esta decisión, el Reglamento Interno del Consejo Regional establece que el gerente debe ser retirado del cargo en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Sin embargo, el antecedente de incumplimiento por parte del Ejecutivo regional abre la posibilidad de un nuevo desacato. Ante ese escenario, el CRA evalúa iniciar acciones legales contra el gobernador por presunta desobediencia a la autoridad. La pugna entre ambas instituciones sigue vigente.
DATO
Iván Prado se justificó por no hacer la entrega de cargo alegando que fue víctima de extorsión.
DATO
Casi de rodillas, el todavía funcionario reconoció que el CRA si tiene facultades de interpelación y censura.
