El Consejero por Arequipa César Huamantuma presentó el informe final de la investigación acerca del Campo Ferial Cerro Juli. Mientras la Asociación Empresarial Cerro Juli cobró S/ 3 millones por tres ediciones del evento, la edición 2025 se realizó en la informalidad tras la transferencia del predio. En resumen el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú no pagó un centavo por el uso de las instalaciones y bien gracias. Huamantuma alista denuncias contra el gobernador y funcionarios.
El consejero regional César Huamantuma dio a conocer el informe final de la comisión investigadora sobre el uso del Campo Ferial Cerro Juli, y las conclusiones no dejan lugar a dudas. La edición de Perúmin 37, realizada en septiembre de 2025, y organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) no pagó un centavo a la región Arequipa, a pesar de tratarse de uno de los eventos mineros más importantes y que “mueven” negocios millonarios en favor de las inversiones mineras del país.
La investigación revela una situación que, según Huamantuma, «indigna como autoridad». Cuando el Campo Ferial estaba bajo administración de la Asociación Empresarial Cerro Juli, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú firmó un convenio específico por 3 millones, para las ediciones 34, 35 y 36 de Perumin. De ese monto, el 25% se pagaba en efectivo y el 75% en obras de mejora para el recinto. Sin embargo, cuando el predio fue transferido al Gobierno Regional de Arequipa el 17 de julio de 2025, mediante Resolución de Secretaría General N° 0081-2025-MIDAGRI-SG, esa contraprestación desapareció.
Mineros tacaños
El documento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con fecha 24 de marzo de 2026, es contundente: «El MIDAGRI ya no tenía bajo su administración ni gestión el referido inmueble por lo que no tenía injerencia alguna en las actividades que pudiese haberse realizado en el mismo». Es decir, para cuando se realizó Perumin 37 en septiembre de 2025, el propietario legal del Campo Ferial era el Gobierno Regional de Arequipa, no el Gobierno central.
¿Qué hizo entonces la autoridad regional? Según el informe, el gobernador Rohel Sánchez Sánchez recibió el oficio N° 0993 del MIDAGRI en agosto, sugiriendo mantener los compromisos derivados de los convenios vigentes, sin embargo, en el proveído que derivó al administrador, Sánchez dispuso únicamente el cambio de titularidad de servicios básicos como agua, luz y vigilancia, pero omitió por completo el tema de los convenios con organizadores de eventos. Esa omisión, señala Huamantuma, permitió que Perumin 37 se desarrollara «en total informalidad», sin contrato nuevo, sin arrendamiento, sin contraprestación económica.
«Para los privados sí hay recursos, pero cuando se trata del Estado no nos dejan nada», afirmó el consejero durante la presentación del informe. La comparación es inevitable, mientras la Asociación Cerro Juli recibió contraprestación por el uso de su infraestructura, el Gobierno Regional (nuevo titular del predio) no gestionó ningún acuerdo que garantizara ingresos para Arequipa.
El informe también cuestiona la postura del Instituto de Ingenieros de Minas, que alegó haber actuado «de buena fe» amparado en un convenio firmado en marzo de 2025 con el MIDAGRI. Sin embargo, este convenio resulta nefasto para los intereses de Arequipa, pues no contiene ninguna cláusula de contraprestación por el uso de la infraestructura del campo ferial. Es más, en la cláusula octava: Del Financiamiento, señalan que por tratarse de “un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, este no supone ni implica transferencia de recursos económicos, compromisos financieros ni pagos como contraprestación”. En resumidas cuentas, el MIDAGRI dio gratis el predio al IIMP.
Pero Huamantuma alerta que dicho convenio quedó resuelto automáticamente cuando cambió la titularidad del predio en julio del 2025 en favor del GRA. Y correspondía a los organizadores regularizar la situación con el nuevo propietario; es decir, la gestión de Rohel Sánchez pudo negociar mejores condiciones para la realización del evento, con un pago parecido al que recibió la Asociación Empresarial Cerro Juli por las ediciones 34, 35 y 35 de Perumin.
«No puede haber una actividad de nivel internacional, que maneja millones y cuenta con los mejores profesionales, y que se haga sin los requisitos formales. Es más, el propio gobernador pidió Cerro Juli en favor de la región justamente por las denuncias de que no se veía un beneficio para la región. Sin embargo, no hizo nada y dejó que Perumin se realice sin dejar un sol», aseveró Huamantuma para Evidencia.pe. Según Huamantuma, Perumin 37 debió dejar al menos S/ 1 millón para las arcas regionales.
Backus tampoco dejó un sol
Otra parte involucrada con el recinto es el uso irregular por parte de la empresa Backus. Al igual que con Perumin, la cervecería operó bajo un convenio marco suscrito con el MIDAGRI que no contemplaba ningún tipo de retribución económica para el Estado. Lo más llamativo es que el objeto formal de dicho acuerdo era fomentar la producción de maíz amarillo duro en regiones del norte del país como La Libertad, Áncash y Lima; una finalidad que no guardaba relación directa con las actividades a desarrollarse en Arequipa.
A pesar de esta situación, la empresa utilizó las instalaciones del Campo Ferial para organizar eventos masivos, destacando un gran concierto el 14 de agosto y al menos dos actividades adicionales. Todas amparadas bajo ese mismo documento que ya había quedado sin efecto tras la transferencia del predio para el GRA. La comisión investigadora señala que estas presentaciones se llevaron a cabo cuando el Gobierno Regional ya era el titular legal del inmueble, sin que se hubiera firmado un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso que garantizara ingresos para la región.
Al no existir una contraprestación económica ni una formalización posterior al 17 de julio, el uso de la infraestructura pública por parte de Backus también se cataloga como totalmente irregular. El consejero Huamantuma precisó que, aunque no se cuenta con el cálculo exacto de los montos involucrados, estas actividades generaron un perjuicio patrimonial por el usufructo indebido del local, por lo que también serán incluidas en la denuncia que se elevará al Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Alistan denuncias
Las implicancias legales del caso son serias, el consejero adelantó que el informe será elevado al Pleno del Consejo Regional para su aprobación y, posteriormente, derivado al Ministerio Público. Entre los presuntos delitos que se investigarán figuran peculado de uso y omisión de funciones, con responsabilidad directa para el gobernador Rohel Sánchez Sánchez como titular de la administración del bien público.
Ante la falta de respuesta del gobernador a los oficios de la comisión investigadora, el consejero concluyó: «No responden porque no tienen nada que responder». Mientras tanto, Arequipa espera que las instituciones competentes determinen responsabilidades y, sobre todo, que se establezcan mecanismos claros para que el uso de sus bienes públicos genere beneficios reales para la región.
DATO
El consejero por Arequipa Cásar Huamantuma, informó que ya existe una carpeta fiscal abierta en el Ministerio Público.
DATO
La empresa Backus, realizó por lo menos dos conciertos de la banda «Morat» y de «Airbag»
