Arturo Salas examina la creciente polarización política tras las elecciones, marcada por denuncias sin pruebas, tensiones entre derecha e izquierda y un escenario de desconfianza que profundiza la crisis institucional del país.
Por Arturo Salas Vildoso. Abogado y Analista Politico
Un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones por parte de Rafael López Aliaga, exigiendo —como todo buen “ultraderechista”— que se anulen las elecciones, a las que calificó como un “fraude brutal”, refleja su desesperación tras ser desplazado del segundo lugar por el izquierdista Roberto Sánchez. Lo curioso es que el miembro del Opus Dei no presentó prueba alguna e hizo un llamado a desconocer los resultados y a “ajusticiar” a Roberto Burneo, máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones.
Al parecer, los evidentes desequilibrios del ultraconservador López Aliaga lo tienen fuera de control, pues durante su campaña en Andahuaylas calificó como “gente de mierda” a sus ciudadanos. No cabe duda de que, para el establishment político y parte de la decadente élite limeña, poco o nada importa la opinión de las mayorías, y que el término perder no existe en su vocabulario; frente a los resultados expresados en cifras, tratan de convencer por el miedo y la angustia a quienes todavía creen en ellos.
Por su parte, Keiko Fujimori, disfrazada de demócrata, sostuvo que su compromiso es con la democracia y solicitó a López Aliaga que demuestre con datos las supuestas irregularidades, olvidando —esforzadamente— que ella y sus seguidores calificaron las pasadas elecciones como fraude electoral, resistiéndose a reconocer el triunfo de un maestro del campo como Pedro Castillo.
En definitiva, para el establishment político limeño, la izquierda es un “enemigo existencial” y no un rival legítimo que tiene derecho a participar en elecciones y ganarlas. El campo político peruano se organiza en torno a diferencias territoriales más que a divisiones ideológicas entre derecha e izquierda. La disputa principal se da entre élites y partidos de derecha que concentran capacidad de decisión y capital económico, y sectores populares que cuentan con base territorial y condiciones sociales específicas.
En ese contexto, derecha e izquierda combaten fuera de una realidad que exige cambios verdaderos. El campo electoral está condicionado por factores como la destitución de presidentes, la corrupción, la desconfianza ciudadana y, por qué no, el antivoto o voto de castigo; pero también actúa sobre la base de compromisos equiparables a pactos mafiosos, como sostener el sistema político evitando nuevas elecciones, luego de la caída de Pedro Castillo y los hechos de sangre ocurridos entre 2022 y 2023.
Lo expuesto es reflejo de lo que viene ocurriendo durante el proceso electoral: por un lado, una derecha fragmentada, con discursos que oscilan entre la reducción del Estado y la exclusión de algunos grupos sociales, como lo evidencia López Aliaga; y, por otro lado, una izquierda que tampoco ha logrado articular una propuesta sólida, presentándose igualmente dispersa y desmovilizada. En fin, la campaña por la defensa del orden constituido nunca termina, y los grupos de poder, la clase dominante, el sistema y la élite política limeña, clasista y racista, cumplirán su rol a través de su figura: Rafael López Aliaga.
CITA
La disputa política en el Perú enfrenta a élites y sectores populares más allá de ideologías tradicionales.
DATO
La diferencia mínima entre candidatos intensifica denuncias y tensiones en un proceso electoral fragmentado.
DATO
Las acusaciones de fraude carecen de pruebas, mientras autoridades electorales defienden la legalidad del proceso.
