El Ejecutivo decretó estado de emergencia por 60 días en distritos fronterizos de seis regiones, incluido Puno. La medida busca frenar la criminalidad, reforzar el control migratorio y recuperar la seguridad en zonas críticas.
En medio de crecientes alertas por el avance del crimen en zonas limítrofes, el Gobierno peruano dispuso el estado de emergencia en diversos distritos fronterizos del país por un periodo de 60 días, con el objetivo de reforzar la seguridad y recuperar el control territorial.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 056-2026-PCM y alcanza a jurisdicciones de seis regiones: Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, consideradas estratégicas por su ubicación y vulnerabilidad frente a delitos transnacionales.
En el caso de la región Puno, la disposición comprende distritos como San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo. Mientras en Madre de Dios, son los distritos Iberia, Tahuamanu e Iñapari entre otros puntos cercanos a la frontera.
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Control
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía asumirá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, priorizando intervenciones basadas en inteligencia y mapas del delito.
Las acciones incluyen patrullajes permanentes, tanto a pie como motorizados, controles de identidad en vías públicas, transporte e inmuebles, así como operativos en pasos fronterizos no autorizados y zonas críticas.
Asimismo, se contempla la intervención de migrantes que intenten ingresar de manera irregular, con el refuerzo de la Superintendencia Nacional de Migraciones para verificar identidades y aplicar sanciones cuando corresponda.
Según el Ejecutivo, la declaratoria responde a informes de inteligencia que alertan sobre el incremento de actividades ilícitas como tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, narcotráfico, contrabando y uso ilegal de armas en zonas fronterizas.
Dato
Al término del estado de emergencia, las autoridades deben presentar informes de resultados. Todo será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y Poder Judicial.
