Evidencia.pe critica la actuación de ONPE y JNE tras fallas logísticas en elecciones. La extensión del proceso electoral sienta un precedente peligroso y afecta la confianza en la democracia.
En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 no se instalaron 499 mesas de sufragio, lo que representa alrededor de 144 mil ciudadanos que no pudieron ejercer el voto; y no recuerdo que haya ocurrido un debate sobre “el derecho de esos peruanos a votar” o que se deba ampliar el proceso electoral un día más. Es más, el ausentismo en dicho proceso fue de 29.952 % o, lo que es lo mismo, más de 7.5 millones de peruanos.
Ahora, este domingo, 211 mesas de sufragio ubicadas en la capital, Lima, no pudieron instalarse debido a deficiencias en la logística de entrega del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Un total de poco más de 52 mil ciudadanos sin poder ejercer su derecho a voto.
Y, de pronto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una decisión que marca un pésimo precedente, decidió suspender la publicación del conteo de votos y alargar por un día más el proceso electoral hasta este lunes, para dar oportunidad a que esas 211 mesas se instalen y los ciudadanos vayan a votar.
¡Qué disparate!
¿Por qué no se hizo lo mismo en las elecciones del 2021? Bueno, porque esto no pasó en Lima, sino en la región Cajamarca y en mesas del extranjero.
¿Acaso esos electores también no tenían derecho a ejercer su voto, sea cual fuera el motivo por el que no se instalaron sus mesas?
Si bien es cierto, lo ocurrido este domingo 12 de abril es totalmente reprochable y debería ser drásticamente sancionado contra quienes resulten responsables —incluido el propio jefe de la ONPE, Piero Corvetto—, también es claro que no debió permitirse la extensión del proceso por un día más para un 0.2 % de la población que no pudo ejercer su voto. Es inaudito y hasta ocioso pretender que, por esos 52 mil votos, se vea afectado el 99.8 % restante de mesas de sufragio — que incluyen a más de 27 millones de peruanos— que sí se instalaron y que llevaron a cabo el proceso con normalidad.
Es más, es esperable que un porcentaje de ciudadanos no pueda ejercer el derecho a voto, ya sea por diversos problemas, y uno de esos podría ser justamente falencias en la logística del proceso. Por eso, debió asumirse el problema y seguir adelante, sancionando luego a los responsables.
Con esto, el JNE solo sienta un mal precedente: en futuras elecciones se tendrá que asumir la misma posición, así sea que una sola mesa no logre instalarse; porque, en efecto, se estaría vulnerando el derecho a voto de esos ciudadanos.
A menos que todo este escándalo se haya armado por una simple posición clasista y regionalista: porque pasó en Lima y no en otras regiones. En ninguna otra se ha reportado alguna mesa no instalada en este proceso. ¿Qué hubiese pasado si lo mismo ocurría en algún pueblo o distrito alejado del país? Simplemente, estoy seguro, la respuesta habría sido una displicente resignación: cosas que pasan, lo sentimos mucho, pero no vamos a alargar el proceso por unos cuantos votos. Esa habría sido la posición, ya la veo.
Pero como pasó en Lima, el escándalo.
Ahora, este hecho lo único que provoca es que algunos candidatos —los que hablan de “fraude”— tengan más argumentos mañana, cuando los votos no les favorezcan. Todo por dos organismos que no supieron asumir su responsabilidad y sacar adelante el proceso electoral, más aún cuando vivimos en un contexto de continua desconfianza sobre la endeble democracia en la que vivimos.
CITA
La extensión del proceso electoral por un reducido número de votos sienta un precedente cuestionable.
CIFRA
52 mil ciudadanos no pudieron votar por fallas en 211 mesas en Lima durante la jornada electoral.
DATO
En 2021, más de 144 mil ciudadanos no votaron por mesas no instaladas sin ampliación del proceso.
