Contraloría revela que se pagó a trabajadoras sin acreditar el cumplimiento de labores. Además, las mismas realizaron tareas administrativas distintas a las contratadas
Tres trabajadoras contratadas mediante órdenes de servicio en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero recibieron su sueldo sin merecerlo. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2026-2-0066-AOP, revela que durante el periodo 2024 se efectuaron pagos a tres locadoras de servicios encargadas de la notificación de actos tributarios sin que estas acreditaran debidamente el cumplimiento de los términos de referencia.
El ente de control detectó que los informes presentados por las trabajadoras no consignaban el número de documento notificado, un requisito esencial para verificar la ejecución real del servicio y garantizar la legalidad de las notificaciones.
El primer caso detallado es el de Milagros Melani Sucapuca Mamani, quien fue contratada para realizar 4000 notificaciones de valores tributarios. Sin embargo, tras una revisión física, la comisión de control solo pudo verificar la existencia de 975 constancias de notificación, lo que representa apenas el 24.38% del total contratado. Además, se advirtió la repetición de códigos de contribuyente en sus reportes de conformidad.
Lo mismo ocurrió con Tatiana Edely Letty Barrionuevo Tejada, para quien solo se verificaron físicamente 961 constancias de las 4000 que debió entregar. Una verificación de campo realizada por la propia entidad determinó que esta trabajadora sólo registraba un 43.75% de coincidencias en los resultados reportados.
Por otro lado, Josicely Janeth Arapa Quispe presentó el nivel más bajo de cumplimiento con solo 252 constancias físicas verificadas de un total de 4000 contratadas, apenas un 6.3%. El informe revela que, aunque fue contratada para labores de campo como notificadora, en realidad realizaba tareas administrativas internas como impresión de estados de cuenta, procesamiento de pagos y apoyo en gestiones de cobranza en oficina.
El informe técnico señala que la responsabilidad recae directamente sobre los funcionarios que otorgaron las conformidades de pago sin realizar una supervisión efectiva de la documentación presentada. A pesar de que los informes de las locadoras estaban incompletos y no permitían acreditar con certeza el cumplimiento de las metas, se les pagó íntegramente por un total de S/ 15 mil 600.
Dato:
Las órdenes de servicio de las 3 locadoras se replicaron por varios meses.
