Calles llenas de gente esperando transporte que nunca llega, paraderos abarrotados y ciudadanos caminando kilómetros para llegar a su destino.

Por: Carlos Vásquez Gonzáles
La crisis energética que golpea al país dejó en Arequipa una postal que ya se vuelve familiar: calles llenas de gente esperando transporte que nunca llega, paraderos abarrotados y ciudadanos caminando kilómetros para llegar a su destino. Pero en medio del caos, también aparece una vieja tentación: sacar provecho de la crisis.
El pasaje urbano alguna vez costó 0.80 céntimos. Luego subió a un sol con el argumento de una coyuntura complicada. Se dijo entonces que era una medida temporal, que respondía a circunstancias excepcionales. Pero lo excepcional se volvió permanente. Como suele ocurrir en el transporte urbano de la ciudad, lo que sube rara vez vuelve a bajar.
Hoy, con la excusa de la emergencia energética, algunos transportistas pretenden llevar el pasaje a S/ 1.50. No se trata de negar la crisis. Esta existe, golpea a todos y debe ser solucionada con urgencia. Pero otra cosa distinta es convertir la emergencia en un argumento para trasladar todo el peso al bolsillo del ciudadano.
La jornada de hoy fue una muestra brutal de lo frágil que es el sistema. En la zona norte de la ciudad prácticamente no hubo transporte urbano. Decenas de personas tuvieron que subir a camiones improvisados pagando hasta tres soles por un trayecto que normalmente cuesta mucho menos. No fue una solución; fue una escena de desesperación colectiva.
La crisis energética ha desnudado dos problemas estructurales. El primero: lo vulnerable que es el sistema energético del país. El segundo: lo precario y desordenado que sigue siendo nuestro transporte urbano, donde cada coyuntura se convierte en una oportunidad para reajustes informales, paros silenciosos o incrementos que nadie regula.
En este río revuelto no solo pescan los transportistas. También lo hacen vendedores de gas doméstico, grifos que especulan precios y todo un ecosistema que se activa cuando el control del Estado desaparece. El problema es que mientras unos pescan ganancias, la mayoría solo recoge pérdidas.
Porque el 70% de arequipeños depende del transporte público para ir a trabajar, estudiar o atender su vida cotidiana. Y cuando el sistema falla, no solo colapsa la movilidad: colapsa la ciudad, si es que ingresar a ella ya no es un colapso emocional en estos días.









