Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación de la universidad, confirmando la nulidad de licencias y parámetros urbanísticos emitidos en 2014. El municipio sostiene que el fallo quedó firme y acusa a la casa de estudios de usar leguleyadas para dilatar proceso y evitar la inminente demolición de la infraestructura.
El conflicto por las licencias de construcción de la Universidad Continental en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero continúa extendiéndose en los tribunales. Aunque el caso quedó resuelto tras una sentencia de la Corte Suprema, la casa de estudios sigue utilizando leguleyadas para prolongar el litigio y continuar operando de manera impune en plena campiña arequipeña.
Perdieron pero siguen impunes
El pleito legal se originó con un proceso contencioso administrativo iniciado por la municipalidad cuestionando la legalidad de los actos administrativos que permitieron la construcción en un terreno cuya zonificación estaba destinada originalmente a parque zonal. En una primera instancia judicial, la sentencia N.º 049-2020 favoreció a la Universidad Continental. Sin embargo, el municipio apeló dicha decisión. Como resultado, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió la sentencia de vista N.º 106-2021, que revocó el fallo inicial y declaró fundada la demanda municipal, anulando diversos actos administrativos vinculados al proyecto universitario.
La universidad intentó revertir esta decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando infracciones de ley o errores de derecho en la aplicación de normas constitucionales o procesales, pero los magistrados declararon improcedente dicho recurso en septiembre de 2022.
Hicieron el ridículo
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, emitió la Casación Nº 26237-2021 y explicó que la Universidad Continental buscaba que la Corte Suprema actuara como una tercera instancia de revisión. Al alegar vulneración del debido proceso y la motivación, la recurrente solicitó al máximo tribunal que revalorara los hechos y las pruebas ya analizadas, pero esto excede el ámbito casatorio. En palabras simples la casación revisa la forma, más no el fondo.
La segunda causal de casación, relativa a la supuesta infracción de normas municipales y constitucionales sobre zonificación, también fue desestimada. La Suprema constató que la Universidad no desarrolló el sustento jurídico necesario. En lugar de argumentar una correcta aplicación del derecho, la institución se limitó a reiterar de forma genérica su tesis ya defendida en las instancias inferiores, incumpliendo los requisitos formales del Artículo 388 del Código Procesal Civil, para las casaciones.
Al declararse improcedente el recurso, la Sentencia de Vista N° 106-2021 queda firme y con calidad de cosa juzgada. Lo que otorgó al municipio la base legal para ejecutar acciones como la demolición de la infraestructura construida sin licencia sobre el área de parque zonal. No obstante, se confirmó que la universidad entabló una Acción de Ampara ante el Tribunal Constitucional para seguir alargando el proceso.
A punta de leguleyadas
Según explicó el alcalde Fredy Zegarra Black, esta resolución convierte el caso en cosa juzgada y sin opciones de apelaciones posteriores. “Al haberse declarado improcedente la casación, la sentencia de vista 106-2021 queda firme y ya tiene calidad de cosa juzgada. Ahí ya concluyó, ya no hay otra instancia”, sostuvo.
Pese a ello, la autoridad municipal advirtió que la universidad ha seguido presentando nuevos recursos legales. Entre ellos figura una acción constitucional de amparo que actualmente se encuentra en etapa probatoria y que busca dejar sin efecto las resoluciones judiciales anteriores. Sostuvo que estas acciones constituyen una estrategia para prolongar el proceso de recuperación de la campiña.
«Lo único que están haciendo es dilatar y dilatar el tiempo. Mientras haya procesos abiertos nosotros no podemos tomar ninguna determinación más drástica (como la demolición del edificio)», afirmó. Además, expresó su preocupación por el proceso de actualización del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), que actualmente se encuentra en elaboración y acumula miles de observaciones. A su juicio, la universidad estaría esperando que el nuevo instrumento urbano modifique la zonificación y favorezca su situación, consolidando la depredación de la campiña iniciada por la nefasta gestión de Alfredo Zegarra.
“Seguramente están esperando que el nuevo PDM sea el salvavidas que los saque de todas estas demandas”, manifestó. Finalmente, la autoridad edil aclaró que la municipalidad no busca cerrar la universidad ni afectar a los estudiantes. La institución cuenta con autorización de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para continuar sus actividades académicas, y la controversia se limita a la infraestructura construida en el terreno.
Hay que recalcar que la Universidad Continental difundió un pronunciamiento público en el que sostiene que el desarrollo de su campus se realizó cumpliendo estrictamente el marco legal y urbanístico vigente. En el documento, dirigido a autoridades, medios de comunicación y opinión pública, la institución afirma que cuenta con respaldo normativo, técnico y administrativo para el funcionamiento de su infraestructura. Pero lo cierto es que la justicia no les dio la razón y siguen dando manotazos de ahogado.
DATO
La U. Continental obtuvo sus licencias en 2016, tras una modificación ilegal del predio.
CITA
«Estan usando leguleyadas para evitar que recuperemos la campiña», alcalde Fredy Zegarra Black.
