La feria gastronómica se desarrollará del 25 al 28 de julio en el Parque Perú y reunirá a más de 160 expositores. PromPerú estima un impacto económico de S/ 18 millones durante los cuatro días del evento.
Año: 2026
El exalcalde distrital de Echarati Hebert Peña Arroyo (gestión 2019-2022) fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por favorecer presuntamente contrataciones durante el año 2021. La condena se suma a otros procesos que involucraron a exautoridades de esta municipalidad de La Convención, entre ellas la gestión de Boris Alexis Chávez Zeballos (2019-2022).
En Puno, beneficiarios del programa de viviendas bioclimáticas Wasiymi denunciaron que dirigentes comunales les habrían exigido dinero para acceder a las denominadas «casitas calientes». Desde el Ministerio de Vivienda explicaron que el programa es completamente gratuito y advirtieron acciones legales tanto penales como civiles.
El gremio presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional al considerar que la Ley N.º 32735 pone en riesgo el debido proceso, limita el acceso de las víctimas a la justicia y amplía de forma inconstitucional la competencia de la justicia militar policial.
Las declaraciones de la excandidata por Fuerza Popular, Santusa Mamani Vilca, sobre un supuesto adoctrinamiento impulsado desde Bolivia generaron el rechazo de organizaciones de mujeres originarias de Puno, que defendieron la legitimidad de su trabajo.
Las declaraciones juradas presentadas ante el JNE muestran que el candidato de Ahora Nación multiplicó sus ingresos y patrimonio entre 2022 y 2026, incorporando tres nuevos inmuebles, S/ 408 mil en ahorros y nuevas inversiones mientras ejercía como alcalde distrital de Alto Selva Alegre.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter inició la audiencia para evaluar el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra un suboficial de la Policía y dos civiles investigados por el presunto robo agravado de tres armas de fuego. La Fiscalía sostiene que el hecho habría sido previamente coordinado y no un asalto fortuito.
La empresa ERICK MEDINA EIRL, de propiedad del primo hermano del alcalde Marcos Medina, obtuvo contrataciones con la Municipalidad de Río Grande por más de S/ 254 mil, pese a la prohibición de la Ley para contratar con familiares.
El mencionado ya formó parte de la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Es decir, se trata de un funcionario «reciclado». Peor aún, fue el responsable de un perjuicio económico al Gobierno regional.
El informe de la comisión especial detalla qochas inexistentes, sobrecostos de hasta mil 400%, contratos repetidos, entre otras irregularidades. El expediente fue derivado a la Contraloría y Ministerio Público.
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