Mientras la municipalidad cumple una sentencia judicial que anuló las licencias de edificación desde 2021, la casa de estudios recurrió a revisores urbanos de Lima para construir una nueva torre, omitiendo el fallo definitivo.
La controversia entre la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y la Universidad Continental, por la defensa de la campiña, añadió nuevos capítulos judiciales y administrativos. Tras el fallo del Poder Judicial, que anulaba la habilitación urbana en favor de la casa de estudios, la comuna procedió a anular las licencias de construcción del primer edificio. Y ante el panorama negativo para continuar con su expansión, la Continental decidió no hacer caso a las normas locales y acudir a la modalidad de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda para construir su segundo edificio. Según el alcalde bustamantino Fredy Zegarra Black, presentaron un expediente parcializado obviando la sentencia definitiva de la Corte de Justicia. Y a pesar de la solicitud de la comuna para que se corrija su error, el Ministerio de Vivienda se mantiene en silencio.
En tanto, la municipalidad continúa ejecutando la Sentencia de Vista N.° 106-2021-3SC que anuló la habilitación urbana del campus. Dicho fallo judicial, firme desde 2021, declaró la nulidad total de la Resolución de Gerencia N.° 354-2014-GDU-MDJLBYR, que aprobó la habilitación urbana con fines educativos en un predio zonificado originalmente como recreativo y compatible solo con forestación. Es decir, mientras se busca defender la campiña de esta zona de Arequipa, la casa de estudios insiste en depredarla.
Se zurran en normas locales
No contentos con construir con una resolución declarada ilegal, y en medio de este escenario legal, se reveló que la Universidad Continental inició la construcción de una segunda torre. Esta autorización fue aprobada bajo la modalidad D por Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda, basándose en el Informe Técnico Favorable (ITF) N.° ITF-E-D-2023-0004579.
Sin embargo, la Municipalidad de Bustamante sostiene que dicho informe técnico fue emitido bajo información parcializada. Según los documentos oficiales, la universidad presentó ante los revisores urbanos la Sentencia N.° 49-2020, que en primera instancia le fue favorable, pero omitió adjuntar la Sentencia de Vista N.° 106-2021-3SC, que posteriormente anuló los actos administrativos base de su proyecto.
Ante esta situación, la gestión edil ha remitido una serie de oficios al Ministerio de Vivienda solicitando la revisión técnica y el pronunciamiento formal sobre la validez del informe favorable. Los oficios N.° 019-2024, N.° 057-2024, N.° 027-2025 y el más reciente N.° 021-2026 (de fecha 24 de febrero de 2026) evidencian un silencio administrativo por parte de la entidad rectora de vivienda. La cual no ha emitido respuesta concreta sobre el estado del trámite ni sobre la validez del ITF presentado.
En defensa de la campiña
El alcalde Fredy Zegarra Black reafirmó la postura institucional mediante declaraciones consignadas en los informes municipales: «Aquí no hay improvisación ni arbitrariedad. Hay una sentencia judicial que declaró nula la habilitación urbana y, como autoridad, tengo la obligación legal de hacerla cumplir. No hacerlo habría sido ilegal», manifestó.
La autoridad precisó que la defensa del suelo agrícola y el orden urbano no es una decisión coyuntural, sino una obligación constitucional amparada en el interés público. «Gobernar es proteger el interés general. Nuestra obligación es garantizar el desarrollo urbano ordenado, respetar el suelo agrícola y actuar con transparencia. Todo lo actuado está sustentado en la ley y sentencias firmes», sostuvo Zegarra Black.
Mientras tanto, la universidad ha interpuesto recursos administrativos y judiciales adicionales, incluyendo una acción de amparo (expediente 0013-2025-DC) y una demanda de nulidad de la resolución de revocatoria (expediente N.° 08177-2024). Pese a ello, el archivo de la denuncia penal contra el alcalde fortalece la posición de la comuna, que asegura actuar bajo el principio de legalidad y en defensa del ordenamiento territorial del distrito.
CITA
«Defender el suelo agrícola y el orden urbano no es una decisión del momento, es una obligación constitucional», Fredy Zegarra Black
DATO
La segunda torre está valorizada en más de S/ 22 millones y contempla una edificación de 15 pisos.
DESPIECE
Denuncian a alcalde
La casa de estudios presentó denuncia contra el alcalde Fredy Zegarra Black y su equipo de trabajo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. Sin embargo, en primera instancia la Fiscalía decidió abstenerse debido a que la comuna ya había obtenido una sentencia favorable en segunda instancia en el Poder Judicial y el caso ha pasado a otras instancias. Los representantes de la Continental apelaron y será un fiscal superior el que deba pronunciarse nuevamente.
