La Fiscalía requirió a la Universidad Católica de Santa María grabaciones de hasta dos horas cámaras para analizar los hechos. Sin embargo, solo se remitió videos de menos de seis minutos, según las actas. El personal de la universidad tampoco asistió a las diligencias a las que se les citó.
En el camino por esclarecer los hechos ocurridos el 24 de agosto de 2025 dentro de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), el Ministerio Público intenta reconstruir cómo se produjo la intervención policial a una postulante de 16 años que rendía su examen de admisión. Sin embargo —según la carpeta fiscal a la que accedió este medio— la Casa Superior de Estudios no ha colaborado debidamente con las investigaciones.
Y es que la institución universitaria solo puso a disposición de las autoridades que investigan el caso dos vídeo de menos de seis minutos para su visualización. Esto pese a que la Fiscalía le solicitó videos completos de diversos ángulos entre las 2:30 pm y 4:30 pm de ese día. Además, dos directivos de la universidad que habían sido requeridos para brindar su declaración como testigos, no asistieron a las citaciones. Ahora fueron citados para el 12 de marzo bajo apercibimiento.
Por abuso de autoridad
El caso se originó tras la denuncia presentada por Ángel L. P. en la comisaría de Yanahuara. El padre señaló que aproximadamente a las 15:30 horas del 24 de agosto del año pasado su hija, de iniciales C.L.L.P. (16), rendía el examen de admisión para la carrera de Medicina Humana cuando fue abordada por una agente policial. Esta indicó a la menor que debía ser revisada ante la sospecha de que portaba un sistema de plagio. La estudiante fue llevada hasta un baño donde se le solicitó desvestirse para una revisión corporal.
Según el testimonio de la menor, la agente, identificada como Gladys Patricia Quispe Ochochoque, le ordenó bajarse el pantalón y la ropa interior, además de levantarle el sostén para verificar si portaba algún dispositivo. Tras no encontrar ningún elemento irregular, le indicó que regresara al aula. Luego la policía volvió al aula para tomarle fotos frente al resto de postulantes. El padre sostiene que la víctima quedó nerviosa y afectada emocionalmente. Esto le impidió continuar adecuadamente con la evaluación.
A raíz de estos hechos, el Ministerio Público del Perú dispuso abrir investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad contra quienes resulten responsables. El caso se tramita en la Carpeta Fiscal N.° 503-2025-6915 a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que dirige el fiscal Alan Luis Flores Canahuire.
Advierten obstrucción
Ahora bien, como parte de las diligencias iniciales se dispuso que la comisaría de Yanahuara realice diversas actuaciones en un plazo de 15 días. Entre ellas se incluyeron la declaración de la menor y de los testigos (personal de la universidad que fue asignado a esa aula), informes de los policías que participaron en la intervención y la obtención de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad para reconstruir lo ocurrido.
En esa línea, el 28 de agosto de 2025, la comisaría de Yanahuara remitió el Oficio N.° 2703-2025/REGPOLAQP/DIVOPS/COM-YANAHUARA “A”-SECINPOL dirigido al rector de la universidad, Jorge Luis Cáceres Arce, solicitando copias de las grabaciones del interior del campus correspondientes al 24 de agosto entre las 15:00 y 16:00 horas, con el fin de verificar los hechos denunciados.
Sin embargo, el material entregado no correspondía al rango solicitado. Esta situación quedó consignada en el Acta de Deslacrado, Visualización de Videos y Lacrado realizada el 28 de octubre de 2025. Se dejó constancia que se abrió un sobre lacrado que contenía una memoria USB incautada en la comisaría de Yanahuara el 5 de septiembre de 2025. Al revisar el dispositivo se encontraron dos archivos de video en formato MP4 con fecha de modificación del 28 de agosto de 2025.
El primer archivo denominado “PABELLON A 2DO PISO” tenía una duración de 5 minutos con 57 segundos, mientras que el segundo archivo “Pabellon A Domo-Posterior” también correspondía a un intervalo breve de tiempo. El registro muestra imágenes del pasadizo del segundo piso del pabellón A con la marca temporal del 24 de agosto de 2025 a las 15:17:11, donde se observan puertas y áreas de circulación del campus. No obstante, el periodo captado por las cámaras no coincide con la franja completa solicitada inicialmente por la Policía.
Reiteran pedido bajo responsabilidad
Ante esta situación, el fiscal del caso Alan Luis Flores Canahuire volvió a requerir la información. Mediante el Oficio N.° 515-2026-MP-3FPPA-1D, enviado el 20 de febrero de 2026, solicitó nuevamente al rector de la universidad que disponga la entrega de las grabaciones completas del 24 de agosto entre las 14:30 y 16:30 horas, o al menos desde media hora antes del inicio del examen hasta media hora después de su culminación, bajo responsabilidad.
El abogado de la menor, Arturo Salas Vildoso, advirtió que, de no cumplirse con el requerimiento fiscal, podría evaluarse la presentación de acciones legales contra el rector Cáceres Arce por presuntos delitos como desobediencia o resistencia a la autoridad, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Vildoso señaló que con esta actitud ante las autoridades de justicia, las autoridades de la casa de estudios estaría buscando obstruir a la justicia y encubrir un presunto delito.
Pero hay algo más, también se dispuso que Cristian Siza Montoya y José Luis Federico Albarracín Palacios, directivos de la universidad Católica, brinden su declaración de los hechos, pero no asistieron. Esto quedó en constancia en dos actas fiscales. Ambos fueron nuevamente citados bajo apercibimiento para el 12 de marzo de 2026.
Consultada por este medio, la Universidad Católica de Santa María respondió a través de su área de Marketing e Imagen Institucional que el caso forma parte de una investigación en curso que involucra a una menor de edad, por lo que —señalaron— no corresponde pronunciarse ni brindar detalles específicos para no interferir en las diligencias fiscales.
La universidad agregó que ha colaborado de manera permanente con las autoridades, remitiendo la información solicitada conforme a los procedimientos legales. También precisó que la investigación no involucra a miembros de la comunidad universitaria, sino que se refiere a actuaciones atribuidas a efectivos de la Policía Nacional del Perú durante el proceso de admisión. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante aquella jornada.
DATO
Padres de menor siguen el proceso contra agente de la PNP abuso de autoridad.
DATO
El abogado de la víctima evalúa denuncias contra el rector Jorge Cáceres Arce.
DATO
U. Católica responde que colabora con la justicia, pese a que documentos fiscales dicen lo contrario.
