Disputa llega a los tribunales y enfrenta a la comunidad con el INPE.
La disputa por el terreno donde funciona el penal de Challapalca llegó al Poder Judicial. La Comunidad Campesina de Maure presentó una demanda para que se declare la nulidad de la inscripción registral realizada a favor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se reconozca la titularidad comunal sobre el predio ubicado en la provincia de Tarata, Tacna.
La demanda fue presentada el 17 de septiembre por Marcial Máximo Laura Condori, presidente de la comunidad, ante el 37.° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el acompañamiento legal del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proceso busca cuestionar la inscripción realizada en 2019, que permitió al INPE registrar a su nombre el terreno donde funciona el establecimiento penitenciario.
La comunidad sostiene que nunca entregó el terreno mediante una donación y cuestiona el documento que habría servido como sustento para el saneamiento físico-legal.
La donación que nadie encuentra
El antecedente central está en el procedimiento registral realizado en 2019. Según documentación, el INPE declaró ante Registros Públicos que su derecho de propiedad sobre el terreno provenía de una donación realizada por la comunidad de Maure y ratificada por su entonces presidente, Laura Condori.
El dirigente, sin embargo, ha negado haber firmado o ratificado una donación de tierras.
En 2024 se solicitó al INPE una copia del supuesto acuerdo de donación. Ante la falta de respuesta, el caso fue llevado al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En septiembre de 2025, dicho tribunal declaró fundado el recurso y ordenó al INPE realizar una búsqueda adecuada del documento y entregar una respuesta.
Posteriormente, en agosto de 2025, la Oficina Regional Altiplano Puno informó que no encontró registro, copia ni antecedente del documento y que esa oficina tampoco participó en su suscripción. En febrero de este año, el propio INPE informó que su sede central tampoco había encontrado un acta de donación del terreno, según documentación difundida por Radio Uno.
La defensa de la comunidad sostiene que el mecanismo utilizado para inscribir el terreno como propiedad del INPE no podía aplicarse sobre tierras comunales. La defensa invoca el artículo 89 de la Constitución y jurisprudencia nacional e interamericana sobre la protección de la propiedad comunal.
El INPE sostiene que el terreno es suyo. La posición del organismo penitenciario es distinta. En octubre de 2024, el INPE sostuvo oficialmente que el penal fue construido en un terreno de 21 276,89 metros cuadrados que cuenta con una partida registral de su propiedad. También señaló que el proyecto de ampliación del establecimiento se desarrollaría dentro de ese predio.
La entidad también informó que en julio de 2023 suscribió un acta de acuerdo con la Comunidad Campesina de Maure y sus anexos, Kalla Puma y Challapalca, en la que se expresaba disposición para otorgar licencia social para una eventual ampliación del penal.
La existencia y alcance de esos acuerdos también han sido cuestionados por representantes comunales. Por ello, el proceso que acaba de iniciarse podría terminar definiendo no solo la validez de la inscripción registral, sino también la documentación que sustenta la presencia del Estado en ese terreno.
El documento de donación no aparece y de acuerdo a la comunidad dicho trámite nunca se realizó. Ese antecedente es parte del contexto del proceso civil iniciado por Maure.
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