En el Perú reciente, el periodismo de investigación ha revelado escándalos que debilitaron gobiernos antes de la acción de la Contraloría General de la República, evidenciando fallas en los mecanismos formales de control estatal.
Por Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
En el Perú contemporáneo, la historia política reciente no puede entenderse sin el papel del periodismo de investigación. En menos de una década, varios presidentes han caído o han sido gravemente debilitados tras revelaciones difundidas por medios de comunicación. La prensa, en muchos casos, ha actuado en su rol fiscalizador y, también como el primer órgano de control.
Antes de que el sistema judicial o el Congreso actúen, suele ser el periodismo el que abre la primera grieta. Reportajes televisivos, investigaciones digitales y filtraciones documentales han expuesto vínculos con empresas cuestionadas, financiamiento irregular de campañas, contrataciones sospechosas, uso indebido de recursos públicos y presuntos enriquecimientos ilícitos. A partir de esas revelaciones, se activa la presión ciudadana, se movilizan las instituciones y se desencadena la crisis política.
Pero en este escenario surge una pregunta incómoda: ¿dónde está la Contraloría General de la República?
El Perú cuenta con un órgano constitucional autónomo cuya función es precisamente vigilar el uso de los recursos públicos y prevenir la corrupción. La Contraloría tiene presencia nacional, personal especializado y un presupuesto significativo destinado al control gubernamental. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los casos más graves que involucraron a altas autoridades del Estado no fueron detectados inicialmente por los sistemas de control institucional, sino por investigaciones periodísticas.
Contrataciones irregulares, reuniones no registradas con proveedores del Estado, uso indebido de bienes públicos o presuntas redes de corrupción han sido reveladas primero por la prensa. Solo después del escándalo mediático se han activado informes de control, investigaciones fiscales o comisiones parlamentarias. Es decir, el control ha sido reactivo, no preventivo.
Esta situación no solo evidencia debilidades institucionales, sino también una peligrosa inversión de roles. En una democracia saludable, el periodismo fiscaliza e informa, mientras que los órganos de control investigan y sancionan. Cuando la prensa se convierte en la principal fuente de detección de irregularidades en la más alta esfera del poder, significa que el sistema de control estatal no está funcionando con la eficacia que el país requiere.
El trabajo periodístico de investigación en algunos medios ha sido valiente y decisivo para revelar lo que el poder pretendía mantener oculto. Sin embargo, el periodismo no debería reemplazar a la Contraloría. No cuenta con sus recursos, ni con su capacidad sancionadora, ni con su mandato constitucional. Su función es alertar y fiscalizar desde la opinión pública, no asumir el rol de auditor del Estado.
La caída de presidentes en el Perú no solo refleja la fragilidad de la clase política. También evidencia la debilidad de los mecanismos formales de control. Mientras los sistemas institucionales reaccionan tarde o de manera insuficiente, la prensa continúa asumiendo un rol que no le corresponde por diseño, pero que la realidad le ha impuesto.
Fortalecer la democracia no implica debilitar al periodismo crítico, sino fortalecer a las instituciones llamadas a prevenir la corrupción. La Contraloría debe ejercer un control oportuno, técnico y firme. De lo contrario, el país seguirá enterándose de sus escándalos por un reportaje dominical y no por el sistema de control del Estado. Y cuando eso ocurre, la institucionalidad ya ha llegado demasiado tarde.
CITA
“El periodismo no debería reemplazar a la Contraloría, sino alertar y fiscalizar desde la opinión pública.”
DATO
En menos de una década, varios presidentes fueron debilitados tras revelaciones periodísticas.
DATO
La Contraloría es un órgano constitucional autónomo encargado de vigilar el uso de recursos públicos.
