En los últimos 15 años, la presidencia del Perú ha estado marcada por destapes mediáticos, vacancias y renuncias. De Ollanta Humala a Dina Boluarte, la constante es una crisis ética que erosiona la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Por Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
En los últimos quince años, la política peruana ha estado marcada por una constante que duele y preocupa: presidentes que llegan al poder con grandes expectativas, pero que terminan debilitados o fuera del cargo tras revelaciones mediáticas sobre presuntos actos de corrupción, abusos de poder o faltas éticas. Más que hechos aislados, estos episodios parecen formar parte de un mismo patrón que nos obliga a mirar de frente la moral y la ética en el ejercicio de la función pública.
La historia reciente del Perú es clara. Prácticamente todos los presidentes han enfrentado denuncias difundidas primero por la prensa y, en varios casos, han terminado en procesos de vacancia, renuncia o profundas crisis políticas. Cada caso tiene sus particularidades, pero todos dejan la misma sensación: la confianza ciudadana se quiebra cuando quienes gobiernan no logran sostener un comportamiento íntegro.
Ollanta Humala, investigado por presunto financiamiento ilegal de campañas, dejó el poder con graves cuestionamientos éticos y judiciales. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 luego de que investigaciones periodísticas revelaran vínculos de sus empresas con Odebrecht y se difundieran videos que mostraban negociaciones políticas para evitar su vacancia.
Martín Vizcarra fue vacado en 2020 bajo la causal de incapacidad moral permanente, tras la difusión de investigaciones que lo vinculaban a presuntos sobornos cuando era gobernador regional. A ello se sumaron escándalos que deterioraron aún más la confianza ciudadana. Manuel Merino asumió la presidencia tras esa vacancia, pero renunció a los pocos días en medio de una grave crisis social y política que evidenció la fragilidad de la legitimidad cuando el país percibe que el poder se ejerce sin responsabilidad.
Pedro Castillo fue vacado en diciembre de 2022 luego de intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Su gestión ya estaba seriamente afectada por múltiples destapes mediáticos sobre presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias y contrataciones irregulares desde su entorno más cercano. Dina Boluarte, por su parte, enfrentó cuestionamientos por presuntos casos patrimoniales y por su responsabilidad política en la gestión de conflictos sociales, en un clima constante de presión y deslegitimación.
A esta lista se suma hoy el reciente caso de José Jerí, vacado de la presidencia tras la difusión de denuncias mediáticas sobre hechos ocurridos cuando ejercía funciones como Presidente de la República. La revelación periodística, sumada a la presión política e institucional, precipitó su salida y confirma una tendencia que se repite: el periodismo de investigación se convierte en el detonante de las crisis presidenciales.
El patrón es evidente. La corrupción y el financiamiento ilegal han alcanzado a varios gobiernos. El uso indebido del poder ha sido cuestionado en casi todos. Los escándalos personales o patrimoniales han debilitado la credibilidad de las autoridades. Y las vacancias, renuncias o crisis políticas se han vuelto parte de la rutina institucional del país.
Todo ello nos obliga a una reflexión profunda. Ser presidente no es sólo ejercer poder político; es asumir el más alto estándar moral frente a la ciudadanía. La función pública implica administrar decisiones y recursos que pertenecen a todos. Cuando la opacidad, el interés personal o la falta de integridad se instalan en el poder, la legitimidad democrática se resquebraja.
En este escenario, el periodismo de investigación ha cumplido un rol clave. Muchos de los casos que terminaron en crisis no fueron detectados inicialmente por los órganos de control del Estado, sino por reportajes periodísticos. La prensa ha actuado como una forma de vigilancia social ante instituciones que, en ocasiones, reaccionan tarde o no reaccionan.
Pero no debería ser solo la prensa la que sostenga esa responsabilidad. Un país no puede depender de destapes mediáticos para limpiar su política. La recurrencia de estas crisis revela una debilidad estructural del sistema y una preocupante precariedad ética en la conducción del Estado.
El Perú no enfrenta únicamente una crisis política, sino una crisis moral en la función pública. Mientras la ética no sea el eje central del servicio al Estado, los destapes seguirán siendo el preludio de nuevas vacancias y decepciones ciudadanas. La gobernabilidad no se sostiene solo con votos. Se sostiene con integridad. Y sin integridad, ningún mandato presidencial logra sostenerse en el tiempo.
CITA
“La gobernabilidad no se sostiene solo con votos, sino con integridad en el ejercicio del poder”.
DATO
En 10 el Perú ha tenido 8 presidentes envueltos en escándalos o crisis políticas.
DATO
La mayoría de grandes crisis presidenciales se originaron tras investigaciones periodísticas.
