El postulante al senado por Renovación Popular aprovechó el escándalo en Yanahuara para dárselas de pulcro. Tal parece que olvidó que tiene una sentencia por falsear documentos en desmedro de su propia sobrina.
Ricardo Ramírez del Villar, candidato al Senado por Renovación Popular, no es lo que pregona. Mientras ahora se muestra como un férreo crítico de la corrupción y exige sanciones inmediatas contra el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, su historial contrasta con ese discurso, pues posee una sentencia por falsedad ideológica.
Tras difundirse el video que involucra al edil, Ramírez del Villar señaló que “no existe matiz posible frente a un presunto acto de corrupción”. Así, junto a Christian Aranda, envió una carta dirigida a la dirigencia de su partido solicitando la expulsión inmediata de Bolliger.
Ese discurso de firmeza y pulcritud cae en saco roto al conocerse que fue condenado por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Arequipa como autor mediato del delito de falsedad ideológica. Esto en un caso que involucró la manipulación de documentos públicos para obtener un beneficio patrimonial indebido en desmedro de su propia sobrina.
La jueza Jenny Angelita Arias Pérez, determinó que el hoy postulante al Congreso participó en una maniobra destinada a excluir a su sobrina, Pamela Ramírez del Villar Comber, de la herencia que le correspondía tras la muerte de su padre, Carlos Rafael Ramírez del Villar, en 2009. Pese a conocer la existencia de su sobrina, Ricardo Ramírez del Villar presentó una declaración jurada en la que afirmaba que el fallecido no tenía hijos ni estaba casado. Esto permitió que la herencia pasara inicialmente al padre de ambos.
Según la sentencia, tras la muerte del progenitor en 2013, utilizó los registros previamente adulterados para adjudicarse junto a sus hermanos los bienes que originalmente correspondían a la hija del fallecido. Durante el juicio, se presentaron pruebas como audios, fotografías y registros migratorios que acreditaban que el acusado conocía plenamente a su sobrina.
Finalmente, el Poder Judicial le impuso una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida, además del pago de reparación civil ascendente a S/ 25 mil, multa y el cumplimiento de reglas de conducta.
DATO
Esta sentencia se omitió en la declaración jurada del candidato y casi queda fuera de carrera.
