La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) impuso una multa de S/29 mil 139 a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno por modificar las condiciones legales del nombramiento excepcional de docentes contratados. El Consejo Directivo del organismo aprobó por unanimidad la sanción, en un proceso que, según una auditoría de la Contraloría, dejó fuera a 38 profesores que cumplían los requisitos establecidos por ley.
La controversia comenzó con la aplicación de la Ley N.º 32171, publicada el 21 de noviembre de 2024, que autorizó por única vez el nombramiento de docentes contratados de universidades públicas en las categorías de profesor auxiliar y asociado.
La norma exigía acreditar al menos cinco años de experiencia en docencia universitaria o ejercicio profesional, haber mantenido vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-II y haber obtenido una plaza mediante concurso público. Además, prohibía incorporar requisitos adicionales.
Sin embargo, la UNA Puno exigió una resolución rectoral que acreditara un contrato vigente al 22 de noviembre de 2024 y aplicó criterios vinculados al semestre 2024-II, condiciones que no estaban previstas en la legislación.
La irregularidad ya había sido advertida por el Órgano de Control Institucional de la universidad mediante el Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-OCI/0202-SOO, emitido el 12 de diciembre de 2024.
Pese a esta advertencia y a los cuestionamientos formulados durante las sesiones del Consejo Universitario, la institución continuó con el procedimiento bajo los lineamientos aprobados.
Una auditoría posterior de la Contraloría determinó que 38 docentes que cumplían las condiciones legales fueron excluidos debido al requisito adicional impuesto por la universidad.
El informe también identificó deficiencias en la custodia de expedientes y en el registro individual de las votaciones del Consejo Universitario, lo que dificultaba establecer cómo participaron sus integrantes en las decisiones cuestionadas.
La Contraloría señaló presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y penal de funcionarios involucrados en el procedimiento, entre ellos autoridades universitarias que participaron en la aprobación de los lineamientos.
La controversia llegó también a los tribunales mediante acciones promovidas por docentes excluidos. En mayo de 2026, la Sala Civil de Puno declaró fundada una demanda de acción popular contra los lineamientos universitarios y ordenó retrotraer el procedimiento hasta diciembre de 2024, cuando se aprobaron las reglas cuestionadas.
La decisión judicial cuestionó la incorporación de condiciones contrarias a la legislación nacional, mientras los profesores afectados buscaban que se revisara su exclusión.
El Tribunal Constitucional también examinó un caso relacionado con la exigencia de acreditar un contrato vigente en noviembre de 2024, requisito que no figuraba en la ley.
La Contraloría identificó a 38 docentes excluidos del nombramiento excepcional y señaló presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y penal de funcionarios involucrados.
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