La Fiscalía de Prevención del Delito acudió al Colegio de Enfermeras de Puno.
Las quejas de postulantes por presuntas irregularidades en la evaluación curricular motivaron la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito este miércoles en el Colegio de Enfermeras de Puno, donde se desarrolla el concurso público de plazas del sector Salud bajo el Decreto Legislativo 276. La diligencia se produjo mientras los aspirantes esperaban continuar con las entrevistas personales.
La fiscal Marlene Urbina explicó que su despacho recibió información sobre varios casos que generaron preocupación por la forma en que se calificaron los currículums. Por ello, exhortó a la comisión evaluadora a cumplir las bases administrativas y evitar decisiones que pudieran perjudicar los derechos de los participantes.
La representante del Ministerio Público precisó que la intervención fue preventiva y no estuvo dirigida contra un postulante específico. También advirtió que las observaciones detectadas podrían generar cuestionamientos posteriores e incluso riesgos de conductas delictivas si no se respetan las normas.
Durante la diligencia, el director regional de Salud de Puno, Juan Augusto Delgado Aza, llegó al Colegio de Enfermeras acompañado de funcionarios de su equipo técnico para conocer las observaciones.
Según explicó Urbina, correspondía a la comisión evaluadora reunirse y determinar las medidas necesarias. Si consideraba que el proceso se desarrollaba conforme a las bases, podía continuar con las entrevistas; de lo contrario, debía adoptar las correcciones pertinentes.
«Si ellos consideran que se está desarrollando el proceso de manera óptima, continuarán con las entrevistas. Y si no, tomarán alguna decisión», manifestó la fiscal. La funcionaria indicó que su despacho ya había formulado las advertencias correspondientes y que las autoridades sanitarias expresaron su disposición a cumplir las normas.
Mientras se realizaban las diligencias, numerosos profesionales permanecían en las escaleras y pasillos del Colegio de Enfermeras.
La intervención fiscal se produce en medio de una controversia que comenzó semanas atrás por la convocatoria de aproximadamente 680 plazas orgánicas del régimen laboral 276.
El 10 de octubre, el director regional de Salud confirmó que el concurso continuaría pese al rechazo de trabajadores administrativos, quienes reclamaban que primero debía concluirse el proceso de reasignación.
En aquella oportunidad, Delgado informó que todavía había 156 trabajadores pendientes de reasignación y que la entidad realizaba acciones para adecuar plazas. También señaló que las vacantes habían sido reportadas por las redes de salud mediante declaraciones juradas.
Los trabajadores cuestionaron un presunto ocultamiento de plazas que podrían corresponder a las reasignaciones. El funcionario respondió que las denuncias debían presentarse formalmente para evaluar eventuales responsabilidades administrativas.
Posteriormente, la Diresa defendió la convocatoria y aseguró que estaba diseñada para garantizar la selección por méritos.
La Diresa Puno estableció que la evaluación curricular representa el 25 % del puntaje del concurso, mientras que el examen de conocimientos equivale al 70 % y la entrevista personal al 5 %.
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