Familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 viajarán desde Juliaca hacia Cusco este jueves 12 de noviembre para intentar reunirse con el papa León XIV durante su visita programada para el domingo 15. La delegación buscará solicitar la intervención del pontífice ante el Estado peruano frente a las demoras en los procesos judiciales y la falta de respuestas a los deudos y heridos, después de más de tres años de los hechos.
Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Protestas Sociales de 2022 y 2023, informó que la decisión fue adoptada durante una reunión realizada el sábado 7 de noviembre. Precisó que los representantes de Puno se trasladarán a Cusco, donde coordinarán acciones con familiares de víctimas de otras regiones del país.
El dirigente explicó que buscarán un acercamiento con León XIV para exponer directamente las dificultades que enfrentan las familias y pedirle que interceda ante las autoridades peruanas, con el propósito de evitar que las investigaciones y los procesos judiciales continúen dilatándose.
Samillán también expresó su malestar por la falta de resultados de los parlamentarios que, según afirmó, utilizaron la exigencia de justicia para las víctimas durante sus campañas electorales, pero no han concretado compromisos con los afectados.
Señaló que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las funciones parlamentarias, los familiares continúan esperando acciones para esclarecer las responsabilidades por las muertes y lesiones ocurridas durante las movilizaciones.
El representante indicó que integrantes de la organización viajaron a Lima y presentaron documentos para solicitar la derogación de las denominadas leyes procrimen y la conformación de una comisión investigadora que permita establecer responsabilidades políticas.
Asimismo, cuestionó al diputado Remigio Condori, integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al asegurar que no se ha comunicado con la asociación ni ha promovido reuniones con los deudos.
También sostuvo que no llegó a concretarse un encuentro con el ministro de Vivienda, pese a coordinaciones previas. Samillán lamentó, además, que una audiencia parlamentaria descentralizada realizada en Puno se desarrollara sin la participación de los familiares de las víctimas.
El dirigente rechazó que el dolor de los afectados sea utilizado con fines políticos y reiteró que su organización busca respuestas concretas, principalmente justicia, reparación y atención médica para quienes resultaron heridos.
Los cuestionamientos sobre la demora de las investigaciones no son nuevas. El 1 de octubre de 2026 la Defensoría del Pueblo, informó que el Ministerio Público tramitaba 51 carpetas fiscales relacionadas con las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
De ese total, 19 investigaciones se encontraban en etapa intermedia, con requerimientos acusatorios, mientras que únicamente dos habían llegado a juicio oral.
Durante una reunión de supervisión, representantes del Ministerio Público reconocieron dificultades presupuestales para realizar pericias y brindar atención a las víctimas, situación que contribuye a retrasar las investigaciones.
La Defensoría recordó la obligación del Estado de garantizar investigaciones diligentes y dentro de plazos razonables, así como el derecho de los afectados a conocer la verdad, acceder a justicia y recibir reparación.
La delegación partirá de Juliaca el jueves 12 y buscará reunirse con el papa León XIV el domingo 15.
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