Cuencas buscan abordar la problemática desde el ámbito sanitario.
La contaminación por metales pesados en Puno busca dejar de ser tratada sólo como un problema ambiental para convertirse en una emergencia que requiere una respuesta sanitaria y multisectorial.
El Gobierno Regional de Puno evalúa solicitar al Ministerio de Salud una declaratoria de emergencia sanitaria para seis cuencas afectadas. Esta vez sustentará el pedido con información de la población expuesta y resultados de los tamizajes realizados por el sector Salud.
El gerente regional de la Autoridad Ambiental, Isaac Angles, explicó que actualmente se recopilan esos datos para evitar que el pedido vuelva a ser observado por falta de requisitos. El año pasado, una solicitud relacionada con la contaminación no prosperó porque, según señaló, el Minsa consideró que no se cumplían las condiciones exigidas.
Ahora el objetivo es contar con cifras verificadas sobre cuántas personas fueron evaluadas y cuántas presentan presencia de metales pesados en su organismo. Con esa información, el Gobierno regional presentará ante el Minsa un expediente con documentación y medios probatorios validados.
La iniciativa surge también de los dirigentes de las seis cuencas afectadas: Ilave, Ramis, Suches, Coata, Jatun Ayllu e Inambari, quienes solicitaron una instancia regional para hacer seguimiento a la problemática y canalizar las demandas de Puno.
Angles señaló que ya se elevó un informe técnico a la Gerencia General del Gore Puno para proyectar una resolución que reconozca esta mesa de trabajo. La propuesta contempla la participación de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la Autoridad Regional Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Defensoría del Pueblo, además de otras instituciones vinculadas a la problemática.
Uno de los principales reclamos de las poblaciones afectadas es conocer qué ocurrirá con las personas que ya presentan presencia de metales pesados en su organismo.
Angles sostuvo que la declaratoria permitiría gestionar el seguimiento de estas personas y evaluar las acciones que correspondan. También planteó la necesidad de mejorar el saneamiento y garantizar fuentes seguras de agua para consumo humano.
El problema es que varias comunidades utilizan agua proveniente de ríos y cuencas que atraviesan zonas sometidas a actividades mineras. A ello se suma, según el funcionario, la presencia de aguas residuales generadas por algunos municipios.
La experiencia de la cuenca Coata expone la dificultad: existe población que viene siendo monitoreada, pero los dirigentes cuestionan que ese seguimiento no se traduzca en una solución de fondo.
La respuesta del Gobierno Regional apunta precisamente a ese vacío. No basta con identificar o monitorear a las personas expuestas si las fuentes contaminantes continúan activas.
“Si no frenamos las fuentes de contaminación vamos a seguir hablando de nuestros problemas y la población contaminada va a seguir creciendo”, sostuvo Angles durante la entrevista.
El Gobierno Regional plantea que la emergencia sanitaria debe ir acompañada de acciones para reducir las fuentes de contaminación. Uno de los principales focos señalados es la minería ilegal, especialmente en zonas como Rinconada, donde las actividades mineras generan impactos sobre los ecosistemas y las fuentes de agua.
Angles informó que se vienen coordinando acciones con las autoridades responsables de combatir la minería ilegal y que recientemente se realizaron interdicciones en la zona de Sandia.
Sin embargo, reconoció que el problema ha sobrepasado las capacidades disponibles y planteó fortalecer a las instituciones encargadas de las intervenciones y del proceso de formalización minera.
En paralelo, se evalúa una medida relacionada con el tratamiento de los residuos generados por la actividad minera. Según explicó, se viene trabajando con la Corporación Minera y representantes del sector para impulsar una infraestructura que permita la decantación de los materiales generados por la actividad.
El proyecto todavía requiere completar su expediente y obtener las aprobaciones correspondientes. La expectativa del Gobierno Regional es que pueda ejecutarse durante el año con financiamiento asumido por los propios actores mineros involucrados.
Según la explicación de la Autoridad Ambiental, las seis cuencas presentan particularidades distintas, entre ellas minería, minería ilegal, minería artesanal y aguas residuales.
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