Importante proyecto para Llalli presenta observaciones.
Un proyecto que debía mejorar el riego para 224 regantes y beneficiar a 829 personas en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, acabó cuestionado. La Contraloría detectó irregularidades en la contratación y ejecución del sistema de riego menor Llallimayo, administrado por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), con perjuicios económicos que suman S/ 24 mil 300.
La inversión estaba destinada a favorecer cultivos de quinua, cañihua, avena, cebada y pastos para el ganado. Su importancia es mayor en una zona donde la disponibilidad y calidad del agua constituyen una preocupación constante para las familias dedicadas a la actividad agropecuaria.
En este contexto, el Informe de Auditoría N.° 018-2026-2-0804-AC, del 9 de octubre de 2026, reveló que las deficiencias comenzaron durante la contratación de la obra. El comité de selección no admitió las ofertas de cinco postores porque exigió documentos que no eran obligatorios. Esto provocó que la licitación quedara desierta y se realizara una nueva contratación, adjudicada a Corporación Inca S.A.C. por S/ 4 millones 173 mil, con un perjuicio de S/ 16 mil.
Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de Fredy Aurelio Chura Zea, entonces presidente del Comité de Selección y director de Infraestructura Agraria y Riego; así como de Olger Lino Talavera y Mery Llanos Pérez, integrantes del mismo comité, de las áreas de Infraestructura Agraria y Riego y Abastecimientos, respectivamente.
Las observaciones también alcanzaron al expediente técnico. Los auditores comprobaron que se aprobaron entregables incompletos, con deficiencias en estudios hidrológicos, geológicos y ambientales, sin aplicar penalidades contractuales por S/ 8 mil 240.
En esta segunda observación se identificó presunta responsabilidad penal de Jack Edison Tito Tito, supervisor contratado para la elaboración del expediente técnico, y de Víctor Miguel Flores Ramos y Max Núñez Coila, quienes ejercieron la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PEBLT en diferentes periodos.
Las irregularidades no terminaron con la contratación y los estudios. Durante la liquidación de la obra, Saúl Vargas Condori, entonces jefe de Infraestructura Agraria y Riego, no respondió dentro del plazo legal de 15 días a las subsanaciones presentadas por la empresa.
Esta omisión permitió que la liquidación quedara consentida por silencio administrativo positivo. Como consecuencia, se aprobó un saldo de S/142.730,93 a favor de Corporación Inca S.A.C. y se reconocieron S/82.930,48, sin IGV, por gastos asociados a la suspensión de la obra.
Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó evaluar acciones civiles y penales, además de deslindar responsabilidades administrativas. Sin embargo, el informe no acredita que las demandas o denuncias ya hayan sido presentadas.
En 2024, Llalli fue incluido en una declaratoria de emergencia por peligro inminente de contaminación hídrica. En 2026, la Autoridad Nacional del Agua realizó un monitoreo al detectar una coloración inusual en el río Llallimayo.
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