Cámaras fuera de servicio forman parte de las deficiencias detectadas en los reclusorios de Puno.
Las fallas aparecen desde la puerta de ingreso. Los controles destinados a impedir que objetos o sustancias prohibidas entren a los penales de Puno y Juliaca presentan deficiencias que también alcanzan a las cámaras de videovigilancia y los mecanismos utilizados para proteger el exterior de los establecimientos.
Entre el 14 y 16 de septiembre de 2026, la Contraloría inspeccionó ambos penales para verificar diferentes componentes de su seguridad. El resultado fue la identificación de cuatro situaciones adversas en Puno y tres en Juliaca.
Los informes muestran que las dificultades no se concentran en un solo equipo. Algunas afectan directamente la revisión de quienes ingresan, mientras otras comprometen las herramientas destinadas a vigilar lo que ocurre dentro y alrededor de los recintos penitenciarios.
Uno de los principales problemas fue encontrado en el ingreso al Establecimiento Penitenciario de Juliaca. Al momento de la inspección, el penal no contaba con ningún equipo corporal de Rayos X operativo. Los dos equipos disponibles para este tipo de revisión estaban inoperativos.
Las dificultades también alcanzaban al control de los objetos. El establecimiento tenía cuatro equipos de Rayos X para revisar paquetes: dos destinados a cargas grandes y otros dos para bienes pequeños. Sin embargo, los dos primeros tampoco funcionaban.
Esto dejaba operativos únicamente los dos equipos destinados a paquetes pequeños dentro de este grupo de dispositivos.
A ello se sumó que el personal encargado de revisar a las personas y paquetes no disponía de todos los implementos mínimos necesarios para realizar esta labor.
La Contraloría advirtió que estas condiciones limitan las labores de inspección y generan el riesgo de que objetos, sustancias o materiales prohibidos puedan ingresar al establecimiento.
El mismo problema aparece en el Establecimiento Penitenciario de Puno. La inspección encontró dificultades relacionadas con la cantidad de personal disponible, los implementos utilizados durante las revisiones y el funcionamiento de equipos tecnológicos destinados al control de personas y paquetes. También fueron evaluados los detectores portátiles de metales y los equipos empleados para revisar paquetes pequeños.
La Contraloría determinó que estas condiciones podrían reducir la efectividad de las inspecciones y aumentar el riesgo de ingreso de objetos, sustancias o materiales prohibidos.
Así, ambos establecimientos coinciden en un punto clave: los mecanismos que funcionan como primera barrera de seguridad presentan deficiencias.
Los problemas continuaban dentro del penal de Juliaca. La Contraloría encontró tres cámaras de videovigilancia inoperativas. En tanto, la revisión encontró otra dificultad entre los equipos que sí funcionaban. Las grabaciones permanecían almacenadas durante 25 días, pese a que las disposiciones citadas en el informe establecen que deben conservarse durante 60 días.
La diferencia tuvo una consecuencia concreta durante la inspección. Los auditores solicitaron imágenes correspondientes al 20 de agosto de 2026, pero cuando intentaron revisarlas en septiembre ya no estaban disponibles debido al periodo de almacenamiento del sistema. Esto impedía consultar registros antiguos que todavía debían permanecer disponibles de acuerdo con el plazo establecido.
El establecimiento tampoco contaba con el sistema denominado “Busca Personas”, otra herramienta considerada dentro de los mecanismos de seguridad penitenciaria.
La videovigilancia también fue observada en el penal de Puno. El establecimiento cuenta con 105 cámaras. La Contraloría revisó su funcionamiento, visualización, monitoreo y la disponibilidad y almacenamiento de las grabaciones.
Tras esta evaluación, el organismo de control encontró deficiencias que podrían afectar la capacidad para detectar y monitorear oportunamente hechos que comprometan la seguridad.
En Puno, las observaciones no terminan en las cámaras ni en la puerta de ingreso. La Contraloría revisó los torreones utilizados para vigilar el establecimiento, la iluminación, los faros busca personas y otros elementos destinados a proteger el perímetro. En estos componentes también encontró deficiencias.
Estos equipos forman parte de la vigilancia permanente de los alrededores del penal y permiten detectar movimientos o hechos que puedan representar un riesgo.
La normativa recogida en el informe establece que la vigilancia debe realizarse permanentemente tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos penitenciarios y contempla la revisión periódica de los puntos débiles del sistema de seguridad.
La revisión en Juliaca alcanzó además el mantenimiento de diferentes elementos utilizados para la seguridad penitenciaria. La comisión solicitó documentos que acreditaran los trabajos preventivos y correctivos realizados en componentes de seguridad perimetral. Sin embargo, respecto de determinados elementos, el personal consultado no presentó fichas u otros documentos que demostraran los mantenimientos efectuados.
El informe también revisó aspectos relacionados con el mantenimiento de las armas de fuego utilizadas por el personal de seguridad.
El caso de Juliaca había cuatro equipos de Rayos X fuera de funcionamiento al momento de la inspección: dos destinados al control corporal de las personas y otros dos para revisar paquetes grandes.
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