La contaminación de la cuenca Llallimayo, en Puno, continúa afectando la vida de las comunidades que dependen de sus aguas. A los daños ambientales y las dificultades para desarrollar actividades agropecuarias se suma una preocupante alerta sanitaria: al menos el 80 % de los niños sometidos a tamizajes en años anteriores en Llalli, provincia de Melgar, habría presentado niveles elevados de arsénico.
La información fue recogida por el senador Jaime Quito durante su semana de representación, tras reunirse con el encargado del centro de salud de Llalli. El personal sanitario también expuso dificultades para realizar el seguimiento de los casos detectados, debido a la falta de profesionales, necesidades de mantenimiento de equipos y otras limitaciones del establecimiento.
La situación no es nueva. En agosto de 2026, la Dirección Regional de Salud de Puno realizó otro tamizaje a 84 escolares de Ayaviri, como parte del Plan de Abordaje de Metales Pesados de la Cuenca Llallimayo. Las muestras fueron enviadas a Lima para determinar posibles niveles de exposición a arsénico.
Durante su visita, Quito solicitó al Ministerio de Salud ampliar los tamizajes y garantizar evaluaciones integrales y seguimiento médico para la población expuesta.
El senador también recorrió la cuenca Llallimayo, donde cuestionó la contaminación atribuida a la unidad minera Arasi, de Aruntani. Advirtió sobre sus consecuencias para las poblaciones de Puno, Ayaviri, Llalli, Umachiri, Cupi y Ocuviri.
El deterioro del río tiene antecedentes documentados. En mayo de 2025, la Fiscalía Ambiental encontró una tubería de seis pulgadas que descargaba aguas ácidas sin autorización hacia la quebrada Lluchusani. La inspección motivó una investigación por presunta contaminación ambiental agravada.
Pese a los años de reclamos, la recuperación de Llallimayo continúa pendiente. En octubre, el Ministerio de Energía y Minas y la Autoridad Nacional de Infraestructura suscribieron un convenio para intervenir cinco componentes críticos de Arasi, con una inversión estimada superior a S/354 millones.El proyecto contempla sistemas de manejo de aguas, estabilización de depósitos mineros y tres plantas de tratamiento de aguas ácidas.
Quito cuestionó que la recuperación ambiental dependa de nuevas intervenciones estatales y exigió responsabilidades a Aruntani. También cuestionó los vínculos del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con la compañía.
La Defensoría del Pueblo registra el conflicto socioambiental de Llallimayo desde junio de 2007. Casi dos décadas después, la recuperación de la cuenca continúa pendiente.
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