Cecilia Jarita debería ser retirada por el gobernador Rohel Sánchez o será interpelada por el Consejo Regional.
El consejero regional por Arequipa, César Huamantuma, solicitó formalmente que la actual asesora del despacho de gobernación, Cecilia Alejandrina Jarita Padilla, ponga su cargo a disposición de manera inmediata. Su exigencia surge tras hacerse público el antecedente judicial que la vincula con la omisión de denuncia sobre un caso de agresión sexual en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Aunque el fallo ya no establece una inhabilitación definitiva para laborar, el legislador enfatizó que la administración pública requiere estándares éticos que superen el simple cumplimiento de plazos procesales.
El consejero ya inició la revisión exhaustiva de los documentos presentados para ser nombrada asesora del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Se verificará si en sus declaraciones juradas se ocultó la información sobre la causa civil, lo que podría configurar una falta administrativa grave. Además, señaló que resulta incomprensible que el equipo técnico del ejecutivo no haya detectado el antecedente antes de otorgarle un puesto de confianza.
El abogado Arturo Salas, especialista en derecho, coincide en que, una vez cumplida la pena o el periodo de suspensión, la restricción para ocupar cargos estatales desaparece automáticamente.
No obstante, el consejero Huamantuma advirtió que mantener a una persona con ese historial en la nómina del regional refleja un patrón de gestión ya documentado en otras áreas. Recordó que esta administración ha priorizado la cercanía política sobre la idoneidad profesional, ignorando las expectativas de transparencia que la ciudadanía demanda tras años de desconfianza.
Ante este escenario, el legislador regional subrayó que la permanencia de la funcionaria alimenta el rechazo social hacia la gestión actual, el cual ya alcanza cifras altas según sondeos oficiales recientes. Concluyó que, si el gobernador no toma cartas en el asunto de forma voluntaria, él propondrá su interpelación.
DATO
El monto de la reparación civil fijada por el juez fue de dos mil quinientos soles.
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