El Gobierno anunció un nuevo régimen penitenciario que impondrá rapado y uniforme obligatorio a internos en todo el país. La medida modificará el Código de Ejecución Penal y busca reforzar el orden y la seguridad en los penales.
El Ejecutivo anunció que en los próximos días publicará un nuevo decreto legislativo orientado a reforzar la seguridad ciudadana mediante un control más estricto en todos los establecimientos penitenciarios del país. Así lo informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien adelantó que la norma establecerá un régimen penitenciario más severo.
Entre las principales medidas se encuentra el rapado obligatorio del cabello para todos los internos, así como el uso de uniformes estandarizados dentro de los penales. Estas disposiciones formarán parte de una modificación al Código de Ejecución Penal y buscan reforzar el principio de autoridad y el orden interno en las cárceles.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) explicó que el nuevo régimen también incluirá mayores restricciones en las visitas, en las horas de patio y en la circulación de los reclusos dentro de los establecimientos penitenciarios. Según indicó, estas instancias han sido utilizadas para planificar actividades delictivas o facilitar el ingreso de objetos prohibidos.
Martínez Laura precisó que las medidas no responden a la copia de modelos extranjeros, sino a criterios de seguridad y salubridad. Detalló que el corte de cabello permitirá prevenir enfermedades y evitar que los internos oculten armas u otros elementos peligrosos, mientras que el uso de uniformes eliminará jerarquías informales entre los reclusos.
Finalmente, el ministro destacó que ya se han realizado más de 824 traslados de internos como parte del proceso de reordenamiento penitenciario, priorizando el traslado de reos de alta peligrosidad a penales como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón I. Asimismo, defendió la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), señalando que representa una reforma estructural del sistema penitenciario y no solo un cambio de denominación.
