El proyecto de más de S/ 2.3 millones fue construido en un predio agrícola comprendido como zona ecológica o de forestación. La comuna distrital de Socabaya declaró la nulidad de la licencia y advierte posibles sanciones, mientras que la gestión de Rivera deslinda responsabilidades.
Antes de colocar la primera piedra, toda obra pública debe cumplir con el saneamiento físico-legal del terreno. Cuando ese requisito se omite, cualquier proyecto —por más necesario o urgente que sea— queda expuesto a nulidades, sanciones y a la posibilidad de que la infraestructura termine convertida en un problema legal. En la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ocurrió exactamente lo contrario. La ampliación del Centro Canino Municipal avanzó sobre un predio agrícola, no urbanizable y judicializado. Aunque, desde la gestión de Víctor Hugo Rivera advierten que el perfil y el expediente se hicieron en gestiones anteriores, y la zona podría cambiar de zonificación con la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) porque alrededor del canil ya están asentadas varias viviendas.
En líos por el terreno
El proyecto, que estuvo a cargo del Consorcio Ares, tiene una inversión superior a los S/ 2.3 millones y surgió como una necesidad por el incremento de casos de rabia canina. Esto porque, en 2018, Herbert Fuentes Paredes, entonces administrador del canil, advirtió que existían 29 casos confirmados de rabia, 8,692 canes vagabundos en abandono, cifra que crecía a una tasa anual de 0.2 %. Por ello, se solicitó la ampliación de caniles, un laboratorio para pruebas de salud, un consultorio general y un área de triaje.
Aunque el expediente técnico ya existía desde la gestión de Alfredo Zegarra Tejada, el proyecto no se ejecutó durante ese periodo. La emergencia sanitaria por la COVID-19 también frenó cualquier avance durante la administración de Omar Candia Aguilar. Con el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, el expediente fue actualizado en costos y se dio luz verde a la ejecución. No obstante, en ese proceso no se advirtió —o no se corrigió— la situación legal del terreno.
Sucede que el 7 de febrero de 2025, la municipalidad de Arequipa solicitó licencia de edificación modalidad A ante la Municipalidad Distrital de Socabaya, que lidera el alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto, al amparo de la Ley N.° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
La comuna distrital no respondió dentro del plazo máximo de 15 días hábiles. Ante ello, la gestión de Rivera Chávez aplicó el silencio administrativo positivo y consideró aprobada automáticamente la licencia, iniciando así el proceso de construcción. Recién el 20 de mayo de 2025, cuando la obra estaba casi culminada, Socabaya emitió el Informe Legal N.° 167-2025-MDS/A-GMLOAA declarando la nulidad de la licencia.
La institución argumentó que el predio no contaba con partida registral independiente y que, además, se encontraba dentro de una matriz calificada como finca rústica. Por otro lado, el terreno tenía zonificación agrícola, no urbanizable ni edificable, según el PDM 2016-2025. También estaba comprendido en la Sentencia de Vista N.° 183-2019 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
IMPLA advirtió inviabilidad
En su momento, incluso, la MPA solicitó la opinión del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPA). En el Informe N.° 035-2023-IMPLA/GATO, el organismo técnico advirtió que el terreno estaba clasificado como Zona de Alto Peligro por Suelos Inestables (APSI), apto solo para fines ecológicos, recreacionales o de forestación y reforestación.
El IMPLA también citó la Sentencia de Vista N.° 183-2019 que dispuso la suspensión del otorgamiento de certificados de zonificación y trámites vinculados a habilitaciones urbanas en esa área. Es decir, la zona estaba judicializada. En la práctica, esto implica que no se tramiten proyectos urbanos hasta que se resuelva el fondo del litigio.
Pese a esto, la MPA apeló la primera resolución que denegó la licencia de edificación para el canil, pero en última vía administrativa el resultado fue el mismo. En un nuevo pronunciamiento, la municipalidad de Socabaya emitió la Resolución de Gerencia Municipal N.° 216-2025-MDS/A-GM, donde se señaló que la licencia carecía de validez legal por contravenir el PDM 2016-2025, la sentencia judicial, la Ley N.° 29090 y el TUO de la Ley N.° 27444. Aún así, el proyecto siguió en marcha.
“Se resuelve declarar la nulidad de oficio de la licencia de edificación modalidad A, de aprobación automática, presentada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, por incurrir en vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, como la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”, se desprende del informe.
Deslindan responsabilidades
Desde la MPA se desconoce cualquier negligencia de la actual administración. El especialista en obras públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Daniel Santos Luque, responsabilizó a la Municipalidad de Socabaya por no responder oportunamente. Señaló a Evidencia.pe que el expediente técnico ya estaba aprobado cuando lo recibieron y que solo actualizaron costos, sin revisar integralmente la situación del predio.
Para evitar cualquier responsabilidad, añadió que se inició un proceso de independización para cambiar la zonificación a urbana, pese a la existencia de la sentencia. También indicó que cuentan con autorización de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para poner en funcionamiento el canil.
Por su parte, desde Socabaya anunciaron que evalúan iniciar un proceso administrativo sancionador por construir sin licencia válida. Las consecuencias podrían ir desde multas hasta la demolición de toda la infraestructura. Esto significaría que los más de 2 millones de soles invertidos se vayan al agua.
Por su parte, la regidora Rocío Mango Chipana anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Sostiene que podría configurarse malversación de fondos públicos y desobediencia a la autoridad judicial, toda vez que existe una sentencia que no se acató.
“Lo denunciaremos. Hay responsabilidad de quienes elaboraron el expediente sin cumplir los requisitos y de quienes no verificaron que el terreno esté saneado. Es sabido que ese terreno se encuentra en la judicialización con el IMPLA que fue sentenciado en su momento”, declaró la concejal.
Hoy, el Centro Canino Municipal ampliado está en pie, pero bajo la sombra de la nulidad administrativa y una posible controversia penal. Un proyecto concebido para enfrentar la rabia y el abandono animal podría terminar con uno elefante blanco por los líos legales que enfrenta.
DATO
El proyecto estaba valorizado inicialmente en S/ 1.9 millones, pero tuvo un incremento.
CITA
«Los que aprobaron el expediente técnico debieron revisar el saneamiento del terreno», funcionario Daniel Santos.
