El proyecto será ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos en un plazo de 570 días.
Aunque arrastra un historial de corrupción a nivel internacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provias Descentralizado, otorgó el 30 de junio la buena pro de la vía Arequipa — La Joya al Consorcio Ejecutor Joya, integrado por la empresa china China Road and Bridge Corporation (CRBC) Sucursal del Perú e Integral Consultores S.A.C.
Según el proceso de selección N° 01-2026-MTC/21-OXI, el proyecto se desarrollará bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en un plazo de 570 días calendario. Si bien el monto original ascendía a S/ 371 millones 639 mil 553.64, el consorcio elevó su propuesta a S/ 408 millones 766 mil 344.91. Esto representa un sobrecosto de S/ 37 millones 126 mil 791.3, equivalente al 109% del valor referencial.
En el proceso participaron dos postores: el Consorcio Inversor Cerro Colorado y el Consorcio Ejecutor Joya. El primero fue descalificado automáticamente antes del otorgamiento de la buena pro por no acreditar el patrimonio neto mínimo exigido en las bases. El privado presentó una declaración jurada de patrimonio neto por S/ 614 millones 700 mil 689.38, calculada como la suma simple del 100% de los patrimonios de sus integrantes.
No obstante, el comité determinó que ese cálculo era incorrecto, pues no aplicó la sumatoria prorrateada según los porcentajes de participación declarados en la promesa formal de consorcio. Al recalcular el patrimonio neto con los porcentajes correctos, el monto real se redujo a S/ 244 millones 022 mil 003.55, muy por debajo del mínimo exigido de S/ 558 millones.
Con el otro postor fuera de competencia, el comité concluyó que el Consorcio Ejecutor Joya sí cumplió con los requisitos legales, financieros y técnicos de las bases integradas. De esta forma avanzó como único postor válido del proceso hasta hacerse con la buena pro del millonario proyecto.
China Road and Bridge Corporation no es una empresa de fiar. Y es que acumula, en distintos países, procesos y sanciones vinculados a presuntos actos de corrupción, colusión y fraude en la adjudicación de obras públicas. En el Perú también arrastra cuestionamientos de índole similar.
En enero de 2009, el Banco Mundial inhabilitó a CRBC por ocho años —junto con otras seis empresas y una persona natural— tras una investigación de su Vicepresidencia de Integridad (INT) sobre la primera fase del Programa Nacional de Mejora y Gestión de Carreteras de Filipinas, financiado con un préstamo de US$ 150 millones.
La investigación concluyó que un grupo de constructoras locales y extranjeras, que incluía a CRBC, operó como un cartel que coordinaba en secreto sus ofertas para fijar precios artificialmente altos y repartirse los contratos entre sus miembros. Como resultado, la entidad canceló la adjudicación de contratos vinculados a esas irregularidades y el gobierno filipino de la época suspendió temporalmente a las firmas implicadas de sus propias licitaciones, además de abrir investigaciones penales contra los funcionarios responsables.
En 2011, el Banco Mundial extendió esa misma sanción a China Communications Construction Company (CCCC), matriz de CRBC, tras un cambio en su sistema de sanciones que dispuso que las empresas sucesoras —por compra o reorganización— asuman el castigo impuesto a la firma original. Con ello, quedó impedida de participar en cualquier proyecto de carreteras y puentes financiado por el Grupo Banco Mundial hasta enero de 2017.
Pero hay más. En Kenia, CRBC construyó el Ferrocarril de Ancho Estándar (SGR) entre Mombasa y Nairobi, la obra de infraestructura más costosa en la historia de ese país, con un costo superior a los US$ 3 mil 600 millones. En noviembre de 2018, la Comisión de Ética y Anticorrupción de Kenia arrestó a tres altos ejecutivos chinos de CRBC y a cuatro colaboradores locales.
En junio de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Kenia dictaminó que el contrato original entre el gobierno keniata y CRBC para construir el SGR fue ilegal, al haberse otorgado de forma directa, sin licitación pública ni competencia, en presunta infracción de las normas de contratación del país.
También se les acusó de intentar sobornar a los investigadores que auditaban las cuentas del ferrocarril para desviar las pesquisas sobre un presunto fraude en la venta de boletos y en la asignación de tarifas de carga.
Finalmente, en agosto de 2024, la matriz de CRBC, China Communications Construction Company, fue hallada culpable por la Autoridad de Rentas de Kenia de evadir impuestos por unos 1 mil 050 millones de chelines keniatas (cerca de 8 millones de dólares), mediante un esquema de empresas fachada para transferir ingresos fuera del país y facturas por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron entregados.
No obstante, la ausencia de sanciones vigentes en varios país del mundo le permitió a China Road and Bridge Corporation, a través del Consorcio Ejecutor Joya, presentarse y ganar la buena pro del proyecto. Un premio a la corrupción.
DATO
En 2023, el Tribunal de Contrataciones del Perú la inhabilitó por cinco meses y le impuso una multa de S/ 16 millones por un incumplimiento injustificado para perfeccionar un contrato vial.
DATO
El nombre de CRBC también apareció en un informe del Congreso de la República que reveló contratos adjudicados a consultoras y constructoras chinas durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
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