Tras días de paralizaciones y cobros arbitrarios, la Municipalidad Provincial de Arequipa elevó la tarifa urbana a S/ 1.30 para adultos y mantiene en S/ 0.50 el pasaje escolar. Los únicos que salen ganando son los transportistas, quienes ya le midieron el pulso al alcalde Víctor Hugo Rivera. Acuerdo deja posibilidad de futuras renegociaciones.
Los concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) doblegaron al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, y a sus funcionarios. Y es que luego de jornadas de paralización, cobros arbitrarios, abandono de rutas y miles de usuarios afectados, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) accedió a un incremento que fija el pasaje adulto hasta S/ 1.30, mientras que la tarifa escolar se mantiene en S/ 0.50.
La decisión se formalizó con la firma de un Acta de Cierre de Trato Directo entre la gerente de Transportes y Movilidad Sostenible, Milagros Chirinos Rosas, y representantes de los consorcios que administran las rutas del SIT. Con esta decisión, los únicos beneficiados son los transportistas, que verán incrementados sus ingresos sin que ello implique mejoras reales en la calidad del servicio.
Reajustes y acuerdos
El acuerdo entre la municipalidad y los concesionarios fija un incremento del pasaje en un 30% adicional, equivalente a S/ 1.30 para adulto. Si bien la gerenta Milagros Chirinos Rosas mencionó que este reajuste será permanente, el acta al que accedió Evidencia estipula que este régimen tarifario es transitorio. En términos simples, es una medida provisional por plazo de seis meses para evitar que el sistema colapse y asegurar que los buses sigan en circulación.
A cambio, las empresas de transporte se comprometen a operar con normalidad en todas sus rutas, respetando horarios, frecuencias y condiciones mínimas del servicio. En el documento, esto se traduce en no reducir unidades, no abandonar recorridos y mantener la cobertura establecida. Si no lo hacen, la MPA podrá aplicar sanciones previstas en los contratos. Pero no se incluye ningún compromiso extra hacia los transportistas, como modernización de unidades o siquiera asientos limpios o no llevar pasajeros demás colgando de las puertas.
El acta también abre la puerta a una modificación más profunda mediante una adenda contractual. Es decir, un cambio en las reglas del contrato original. Para ello, los concesionarios deberán presentar en diez días una propuesta técnica que explique cómo la tarifa influye en el equilibrio económico financiero. Luego se evaluará esa propuesta junto a los operadores para definir si corresponde ajustar las condiciones iniciales del contrato o cobrar compensaciones.
Finalmente, se establece que si en seis meses no se logra firmar esta adenda por responsabilidad de la municipalidad, el conflicto puede pasar a un arbitraje. ¿Pero qué pasa si los concesionarios no cumplen? El acuerdo no lo dice. Además, la comuna se compromete a reforzar el control del transporte informal con más inspectores. No obstante, el acuerdo deja claro que el alza del pasaje no cierra el tema: las empresas aún pueden pedir nuevos incrementos, compensaciones en el futuro o cualquier otra modificación.
Premio al abuso
Este reajuste tarifario significa un premio al abuso. Durante varios días, entre 85 y 100 unidades dejaron de operar, golpeando principalmente a pobladores de zonas periféricas como Cono Norte, Paucarpata, Cayma, Mariano Melgar, Sachaca y Tiabaya. La escasez obligó a muchos usuarios a recurrir a servicios informales o caminar largos tramos.
En los hechos, varias empresas dejaron de prestar el servicio de manera unilateral, mientras que otras comenzaron a cobrar hasta S/ 1.50 sin autorización, en abierta contravención de las condiciones contractuales, sin ningún acuerdo previo sobre la mesa con el concedente y, lo que es peor, sin ninguna sanción ejemplar.
Precisamente, en abierta contravención al contrato de concesión, el consorcio Cono Norte, operador de la ruta C-2, abandonó el servicio sin previo aviso. El gerente de la empresa, David Villanueva, justificó la medida en la negativa de los choferes a seguir trabajando bajo la tarifa anterior. No se trató de un hecho aislado. Días antes ya se habían reportado incumplimientos similares, dejando a escolares y trabajadores en situación de alta vulnerabilidad.
Medidas legales
Frente a ello, la MPA anunció acciones legales contra dicho consorcio, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, por el abandono del servicio público. Desde la Gerencia de Transportes se precisó que no existió comunicación formal sobre paralizaciones. Esto agrava la falta al tratarse de una interrupción injustificada.
A pesar de estas medidas, la modificación tarifaria no se detuvo. Sin embargo, los procesos administrativos y legales seguirán su curso contra las unidades infractoras, que suman alrededor de 80. Del lado de los transportistas, la respuesta también apunta al ámbito legal. Sostienen que la municipalidad también incumplió compromisos, como la implementación total de la infraestructura y el paso a la etapa operativa definitiva.
Por ahora, los usuarios volverán a contar con más unidades en circulación tras el reajuste tarifario entre ambas partes, pero pagando más. Y con la sensación de que, en esta ocasión, la balanza terminó inclinándose del lado de quienes dejaron de operar cuando más se les necesitaba.
DATO
Un audio revela que las empresas que hacen la ruta del Cono Norte conspiraron para desabastecer a la población.
DATO
Pobladores anuncian protestas tras reajuste tarifario a S/ 1.30.
