Marleny Arminta, quien busca alcanzar una curul como diputada, alista una serie de propuestas de leyes.
Al cierre del 2024, 7 mil 495 personas figuraban como deudoras alimentarias morosas y al concluir el 2025, la cifra superaba los 8 mil, advierte el Poder Judicial. Este panorama da cuenta del riesgo al que son expuestos miles de niños en el Perú, eso sin contar aquellos casos que aún están en juicio. Ante esta situación, la candidata a diputada con el Nº 1 por el partido Ahora Nación, Marleny Arminta, alista una ley para establecer una pensión de alimentos básica preventiva.
Según explicó la candidata, los juicios por alimentos pueden demorar hasta 5 años siendo los más perjudicados los niños, dado que se pone en riesgo su alimentación y educación, entre otros aspectos.
“Propondré una ley a través de la cual desde el momento en que se inicia el juicio por alimentos, automáticamente al denunciado, mientras dura el proceso, se le debe asignar una pensión alimenticia en base a una escala. No pagará todo lo que pide él o la demandante. Para ello, previamente se definirá un cuadro de escalas”, detalló.
Arminta muestra honda preocupación, dado que Arequipa es la que encabeza la lista de los deudores alimentarios morosos con mil 530 casos, seguida de Lambayeque (941), Tumbes (831), Huánuco (789) y Amazonas (657), entre otras regiones.
De acuerdo a la propuesta que Arminta presentará en caso de ser elegida como diputada, el demandado tendría que ir depositando a favor de su o sus menores hijos una parte de la pensión establecida por el juez. Sería como un pago preventivo y cuando concluya el juicio, a través de una liquidación, se completará el saldo.
La propuesta de Arminta —según detalló— respetará los procedimientos que ya existen, pero, además, se tendría que modificar el Código Civil.
Esta figura aplicaría tanto para hombres y mujeres que sean demandados, aunque “por lo general, es la madre la que se queda con los niños. La idea es velar y cautelar el bienestar de los menores”, concluyó.
DATO
También propondrá establecer plazos específicos para la resolución de juicios por alimentos y así evitar que se dilaten por muchos años.
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