Dos irán a prisión y diez seguirán libres en caso “Los Lecheros del Puerto”

La investigación contra la presunta organización criminal “Los Lecheros del Puerto” tomó un nuevo rumbo en Madre de Dios. Tras semanas de detenciones, audiencias y cuestionamientos a la actuación fiscal, el Poder Judicial decidió dividir la situación de los 12 investigados: dos permanecerán en prisión preventiva durante 36 meses y otros diez afrontarán el proceso en libertad, pero bajo estrictas restricciones y con el pago de cauciones.

La resolución fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, que dictó prisión preventiva contra Chanel Leoncio Pelinco Mamani y Rodolfo Renzo Barrantes Larico. Para los otros diez investigados se estableció comparecencia con restricciones, además de cauciones que llegan hasta S/50 mil.

La decisión marca un giro respecto al escenario que se abrió el pasado 25 de julio, cuando un megaoperativo simultáneo en Madre de Dios, Puno, Ucayali y Lima permitió detener a 12 presuntos integrantes de una estructura investigada por el presunto tráfico y comercialización clandestina de combustible destinado a la minería ilegal. La Fiscalía sostiene que la organización estaría integrada por 27 personas y habría operado desde 2023.

Para diez investigados, el juzgado estableció comparecencia con restricciones. Entre ellos se encuentra Carlos Chirre Ramírez, además de Félix Castillo Ceballos, Jhony Alberto Castillo Pacori, Bernardo Alexis Aimituma Paz, Elías Juan Caleón, Rebeca Cáceres Loaiza, Gustavo Alonso Alzamora Loaiza, Iván Armando Huamán Ruiz, Luis Alberto Valencia Cáceres y Marcial Leonardo Macapa.

Todos deberán presentarse ante el juzgado, informar sus actividades, permanecer en la localidad donde residen y evitar comunicación con otros investigados, testigos o peritos vinculados al proceso.

El incumplimiento de estas reglas podría provocar que la medida sea revocada y se solicite prisión preventiva. Además, el juzgado fijó cauciones entre S/20 mil y S/50 mil.

Red movía combustible

Según la hipótesis fiscal, el combustible era adquirido formalmente mediante empresas y estaciones de servicio, pero luego era desviado hacia almacenes clandestinos en zonas como Lechemayo y Mazuko. Desde allí, era fraccionado y trasladado por carretera o mediante embarcaciones por el río Inambari hacia puntos vinculados con la minería ilegal.

La investigación también señala que la presunta estructura contaba con proveedores, distribuidores, transportistas y un grupo encargado de brindar protección y alertar sobre operativos estatales.

Ese componente institucional es uno de los aspectos más sensibles del caso. Entre los investigados figuran policías y el exfiscal ambiental Carlos Alberto Chirre Ramírez, a quienes la Fiscalía atribuye presunta participación en la cobertura de las operaciones.

El operativo permitió además incautar S/1 861 050 en efectivo, US$2 140, un surtidor de combustible, generadores eléctricos y vehículos, además de ubicar presuntos almacenes utilizados para el acopio clandestino.

Defensa de Chirre

Pero mientras la Fiscalía sostiene su tesis sobre la existencia de la organización, la defensa de Carlos Chirre Ramírez cuestionó durante la audiencia la forma en que se habrían obtenido y presentado algunos elementos de convicción.

Sus abogados señalaron presuntas inconsistencias en un acta relacionada con escuchas telefónicas y cuestionaron fotografías y videos incorporados a la investigación. Según la defensa, existirían diferencias entre números telefónicos, fechas y horarios consignados en determinados informes.

También alegaron que inicialmente se habría aplicado una norma que no correspondía al momento en que presuntamente ocurrieron los hechos. La defensa anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para cuestionar la actuación del Ministerio Público.

Dato

Todos los involucrados mantienen su condición de investigados mientras avanza el proceso y deberán responder por las imputaciones que formule la Fiscalía.