Diversas decisiones del Congreso de la República del Perú son cuestionadas por debilitar la lucha contra el crimen organizado y afectar la independencia judicial, en un contexto de aumento de homicidios y extorsiones en el país.
Por Arturo Salas Vildoso. Abogado y Analista Politico
Qué duda cabe de que las acciones legislativas por parte del Congreso de la República han desangrado al Estado de derecho y dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado. El nuevo gobierno, diputados y senadores deben revertir con carácter urgente estas medidas procriminalidad y proteger los derechos de toda la ciudadanía.
La situación de inseguridad en el Perú se ha deteriorado drásticamente. Tanto así que, según las estadísticas de la Policía, estamos con récords de homicidios y más de la mitad de estos fueron cometidos por sicarios. Las denuncias por extorsión, especialmente en zonas urbanas y en el transporte público, hoy alcanzan niveles históricos.
Recordemos: el Congreso saliente, y un número importante de sus miembros que ahora pretende la reelección, aprobó leyes que debilitaron la independencia de jueces y fiscales. Lo que obstaculiza la lucha contra el crimen organizado, afectando gravemente los derechos a la vida y la seguridad de la población. Para estos sujetos, la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho poco o nada importan.
Las leyes y decisiones del Congreso procriminalidad han obstaculizado investigaciones, debilitado instituciones clave y revertido avances en la protección ambiental. Las constantes declaratorias de estados de emergencia han suspendido derechos constitucionales como principal estrategia de seguridad, siendo sus resultados frente a la criminalidad simplemente nulos.
El Congreso procriminalidad, donde más de la mitad de los congresistas enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, ha tomado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales. El Congreso procriminalidad ha legalizado retroactivamente la deforestación ilegal de grandes áreas de nuestra Amazonía y blindado a mineros ilegales frente a la persecución penal.
De otro lado, el Congreso procriminalidad también ha restringido el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil como las ONG. Asimismo, ha limitado los mecanismos de colaboración eficaz, con el claro propósito de debilitar los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También modificó la definición de “crimen organizado” en nuestro Código Penal para excluir delitos de corrupción, ha obstaculizado los allanamientos y ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones de corrupción.
Nuestro país necesita políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos. Requiere fortalecer, en lugar de debilitar, las instituciones. Como sociedad debemos exigir que las futuras autoridades se comprometan a garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción de nuestro medio ambiente y la corrupción.
El rol de cada peruano en el proceso electoral que se avecina será determinante. Por eso es importante analizar y reflexionar. Juntos podemos cambiar nuestra historia, y una manera de lograrlo empieza por no votar por los de siempre.
CITA
«Las decisiones del Congreso han debilitado la lucha contra el crimen organizado».
CITA
«Se han aprobado normas que afectan la independencia judicial».
DATO
El Congreso modificó normas sobre crimen organizado para su propio beneficio.
