La batalla detrás de la propuesta para quitar los topes a las tasas de interés

El gobierno de Keiko Fujimori, a través del primer ministro Luis Galarreta, ha puesto sobre la mesa una reforma de alto impacto: la eliminación de los topes a las tasas de interés para los créditos. La medida, contemplada en el Oficio N.° 245-2026-PR para la delegación de facultades, busca desmantelar la Ley N.° 31143 (Ley de Usura) aprobada en 2021. El Ejecutivo sostiene que esta norma, pese a su intención protectora original, terminó asfixiando y excluyendo del sistema financiero formal a los peruanos más vulnerables.

La Ley de Usura

Según la exposición de motivos del Ejecutivo, el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de mayo de 2025 de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) revela que la fijación de tasas máximas alteró drásticamente el mercado.

Antes de la vigencia de los topes en 2021, los nuevos deudores o aquellos con perfiles de alto riesgo accedían a créditos con tasas de interés anuales de entre el 100% y el 150%. Al aplicarse la Ley N.° 31143, este segmento de tasas altas dejó de registrarse, y los nuevos desembolsos se concentraron únicamente al nivel del tope regulado o muy cerca de él.

La consecuencia directa, según advierte el sustento del proyecto de ley, ha sido un marcado racionamiento del crédito. Las entidades financieras, al no poder fijar tasas que compensen el riesgo de los deudores de menores ingresos o de aquellos que carecen de un historial crediticio previo, optaron por reducir su oferta. Como resultado, miles de emprendedores y ciudadanos terminaron excluidos del crédito formal, quedando a merced de esquemas de usura informal y extorsión como el «gota a gota» que opera fuera de la ley.

El sustento del Ejecutivo explica que la tasa de interés aplicable a una operación crediticia incorpora principalmente el costo de fondeo (lo que le cuesta a la entidad financiera conseguir el dinero que luego va a prestar), los costos asociados a la evaluación y administración (personal, tecnología e infraestructura necesarios para el cliente), y el riesgo de incumplimiento del prestatario (probabilidad de que el cliente no pueda o no quiera devolver el dinero).

En el ámbito de las microfinanzas y los créditos de menor cuantía (microcréditos), los costos operativos son los más elevados. Un préstamo pequeño requiere prácticamente la misma infraestructura que uno de mayor escala. Según el Ejecutivo, cuando el tope legal se sitúa por debajo de este costo operativo sumado al riesgo, la intermediación formal se vuelve inviable.

En tanto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como la SBS concluyen que los límites máximos no son un mecanismo idóneo para fomentar la inclusión, dado que limitan la capacidad de los nuevos clientes de construir un historial de pago que les permita acceder en el futuro a mejores condiciones financieras.

Según la SBS, 216 mil 166 deudores que en abril de 2021 tenían créditos con tasas superiores al tope dejaron de aparecer en la base de datos hacia diciembre de 2023. La superintendencia cree que estos usuarios habrían sido excluidos del sistema financiero como consecuencia del tope.

Aunque no todo es bueno, varias voces han alertado que las tasas más altas podrían aumentar la morosidad, especialmente en cajas y cooperativas.

A raíz del temor de la población a abusos financieros, la propuesta del Ejecutivo estipula que la eliminación de los topes debe ir acompañada de un fortalecimiento de la SBS.

Posiciones encontradas

El debate en la Cámara de Diputados, a raíz del pedido de facultades que prevé la eliminación de los topes a las tasas de interés promete ser sumamente polarizado.

El Ejecutivo y el oficialismo sostienen que estas facultades son de «urgencia nacional». Aseguran que sin esta reforma las micro y pequeñas empresas no tendrán el financiamiento necesario para reactivarse y que la Ley de Usura solo sirvió para empujar a los más vulnerables a los peligros del mercado informal.

Por su parte, la diputada Rossana Alayza (de la bancada del Buen Gobierno) ha advertido que otorgar facultades «no es un trámite automático» y que el Parlamento debe actuar como un filtro riguroso de control de calidad. Exige que se presenten planes técnicos y sustentos claros antes de dar «luz verde».

Diversos sectores de oposición y asociaciones de consumidores alertan que, en un mercado financiero con altos niveles de concentración, retirar el tope máximo dejará desprotegidos a los usuarios más necesitados. Temen que la medida derive en tasas de interés astronómicas de hasta tres dígitos que propicien el sobreendeudamiento familiar, por lo que exigen mantener un control estatal sobre los cobros bancarios.

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lidera la resistencia contra la derogación de la Ley N.° 31143 (Ley de usura). Se opone frontalmente bajo el argumento del rol protector del Estado frente al ciudadano.

«La eliminación de los topes a las tasas de interés no solo significaría un grave retroceso en la legítima protección de los derechos de los consumidores, sino que también podría profundizar, como de hecho lo será, el endeudamiento inacabable y su eventual exclusión del sistema financiero por el reporte en las centrales de riesgo», indicaron desde la institución.

Por su parte, Katherine Ampuero, senadora de la bancada de Renovación Popular, ha cuestionado duramente la urgencia de incluir este beneficio financiero para los bancos dentro del paquete extraordinario de facultades legislativas destinadas originalmente a la seguridad ciudadana. «Una medida de este tipo podría terminar favoreciendo a los grandes grupos financieros y dejando en una posición de mayor vulnerabilidad a los consumidores”, aseveró.

Además, sostuvo que «no existiría una situación de emergencia que justifique incluir este tema dentro de las facultades delegadas al Ejecutivo». Asimismo, a través de sus redes sociales, lanzó un dardo directo sobre el trasfondo de la iniciativa del Gobierno de Keiko Fujimori: “¿A quién beneficiaría la eliminación de los topes?… ¿Devolución de favores?»

Quien también dejó su postura muy clara fue Jair Manrique, diputado de la bancada de oposición de Ahora Nación. El joven legislador denunció que la desregulación financiera y otras reformas colaterales están siendo introducidas con astucia política bajo la cortina de humo de la crisis de inseguridad nacional.

«Le dicen ‘urgente’ para saltarse al Congreso. Pero ¿es urgente eliminar los topes a las tasas de interés? ¿Reformas laborales? ¿Reformas tributarias? O más bien: ¿urgente para quién? Facultades para lo verdaderamente urgente, sí. Un caballo de Troya de contrabando legislativo, no», sentenció.

Actualmente, los plazos para que la Cámara de Diputados atienda el pedido del Ejecutivo se encuentran en marcha, en tanto que el destino financiero de millones de peruanos está ahora en manos de los parlamentarios, en una de las negociaciones políticas más importantes del gobierno actual.

Dato

El BCRP estimó que el 75 % de los créditos que fueron excluidos del sistema por el tope correspondía a préstamos de bajo monto, específicamente menores a S/ 4,400.